Cupasangres y vampiros

Hace mucho que epítetos, de la naturaleza de los que nos sirven de titular, habían causado tanto escozor en algunos sectores políticos como empresariales del país.

El autor intelectual de calificativos fue el presidente del Partido Socialista senador Camilo Escalona. La expresión salió como consecuencias del fallo del Tribunal Constitucional que declaró, en términos sencillos, que la definición de empresa, contenida en el código del trabajo no podía ser alterada como parte de la ley aprobada que regula la subcontratación, área donde indudablemente se han cometido y se siguen cometiendo importantes abusos en contra de los trabajadores.

Pero la ira de Escalona ha producido una distorsión en la opinión pública, ya que a ese fallo le atribuyó poco menos que una traición especialmente del senador de la décima región Andrés Allamand a los derechos laborales.

Aparte del lenguaje descalificador, según señalaron los detractores de Escalona, se resucitaba un estilo de relación verbal que recordaba la década de los 70, todo lo cual ha traído réplicas y contra replicas. Obviamente que el lenguaje descalificador en el que cae con mucha frecuencia la “clase política”, solo contribuye a su propio desprestigio.

Lo medular en esta polémica y que puede llamar a confusión, especialmente a quienes no siguen de cerca el devenir de la política, es que el procedimiento de acudir al tribunal constitucional cuando una ley es aprobada con alguna falla legal, es legítimo, forma parte del proceso democrático y no por ello merece epítetos y descalificaciones como las emitidas por el presidente del Partido Socialista.

En lo importante es que la ley de sub contratación fue aprobada. No iba incluido en el proyecto del gobierno cambiar la redefinición de empresa, fue algo que nació de una iniciativa de algunos diputados. Es legítimo entonces que acudiendo a los mecanismos que la Constitución de la República contempla, se hicieran y esgrimieran argumentos para impugnar esa parte de la ley, no la de subcontratación que no contiene ninguna observación y cumple el propósito del Gobierno anterior que la propuso, proteger al trabajador de los abusos que algunos empresarios cometen.

Resulta extraño, entonces, contemplar estas pataletas cuando se siguen los cánones que fija la democracia en esta naturaleza de controversias. Enrarece el ambiente y contribuye al desprestigio, ya muy avanzado de la política, escuchar, ver o leer a los “Honorables Senadores de la República” descalificándose con un lenguaje donde todos son rociados, incluidos los empresarios buenos y malos, de manera general.

Obviamente que los abusos existen y se espera que la ley de subcontratación pueda poner coto a costumbres que revelan una nula responsabilidad social de algunas empresas.

Conocemos directamente de casos en que se vulnera la ley 16.744, cuando solo se le hace contrato y se le enteran imposiciones a un trabajador porque sufre un accidente, si ello no ocurriera sencillamente el contrato laboral sería ignorado. En esto el propio trabajador, seguramente por necesidad y para recibir una mayor remuneración líquida, o por no quedarse de brazos cruzados, acepta las condiciones.

El senador Escalona tiene razón cuando justifica sus dichos en la lucha por defender los derechos laborales, pero ello no se puede hacer sustentando una ilegalidad y atacando a otro senador que solo cumple su tarea de señalarla ante un organismo contemplado por la ley.

No olvidemos que el fallo del T.C. también fue apoyado por parlamentarios de la Concertación.

En cuanto al término chupasangres y vampiros, no olvidemos que en Cuba un profesor, con suerte gana 30 dólares al mes, o un médico 70 dólares, o que un trabajador de la industria automotriz en China gana entre 1.5 y 1.8 dólares por hora, contra lo que gana un trabajador del mismo rubro en el mundo occidental, de 18 a 20 dólares por hora.

Chupasangres y vampiros, lamentablemente, hay en todas partes y bajo todos los signos políticos.

¡Partieron!

¡Partieron!

No hay nada más entretenido en la hípica, sobre todo cuando se concurre ocasionalmente, como observar a los caballos cuando se conducen a los “cajones de partida”, perdónenme lo expertos sin no se les denomina así.

Unos están por entrar al sitio de la largada y se dan varias revueltas, se encabritan, tratan de devolverse en medio de la preocupación de jinetes, asistentes y preparadores. Otros más dóciles, cancheros diría yo, se colocan frente a la pista de inmediato sin hacerse de rogar y solo esperan que se abran las puertas para salir al galope de inmediato.

Cuando falta bastante para cumplir el primer año de la actual administración presidencial, en las pistas políticas, y con ello no quiero menospreciar a los nobles equinos, está ocurriendo algo similar al inicio de una prueba hípica.

Algunos candidatos se dan vueltas y volteretas varias, mientras sus preparadores les instan a meterse en el cajón de partida a una carrera en la que aún le faltan más de tres años para que sea largada. Pero como los jinetes están preocupados que el tiempo se haga corto, llaman a “prepararse”.

Coincido con el Presidente del partido socialista el senador Camilo Escalona que lo mejor sería que los tapados, los que ya están corcoveando a la entrada de los cajones asuman, de cara al país, que participaran en la carrera o de lo contrario que salgan de la pista y dejen gobernar.

El mensaje del senador Escalona iba dirigido a los postulantes del oficialismo. Pónganse en el lugar de largada pero dejen que el espectáculo prosiga.

En la oposición no lo hacen mal, Piñera, el eterno Lavín y ahora aparece Allamand, cada cual con su respectivo preparador y gente dispuesta a apostar por su nominación.

En definitiva tenemos un país, al cual los mismos políticos le pusieron la camisa de fuerza de cuatro años de gestión. Ahora, a seis meses del gobierno de Michelle Bachelet, ya le quieren poner como tema prioritario la próxima elección.

Los políticos en lugar de preocuparse de los problemas importantes del país, ocupan su tiempo en discutir y polemizar sobre lo que debe ocurrir en tres años y medio más.

La propia presidenta interviene en la discusión proponiendo un período de cinco años, propuesta que estudia para más adelante, y que, de concretarse, tendría efecto al período siguiente a su actual gobierno.

Declaraciones más o menos, traerán consigo mayores opiniones de los honorables y de las directivas en tanto, ¿quien se ocupa de los problemas reales de la gente?, o cree alguien que nos interesa, en este momento, quien presidirá Chile en el próximo período o si será de cuatro, cinco o seis años.

La falta de sintonía que exhibe la clase política con la sociedad es asombrosa, en términos que los temas en debate no tienen ningún significado para la gente sufrida de la VIII región que busca recuperarse de las últimas inundaciones, o de la desilusión de los habitantes de Chiloé, aunque declaramos, una vez más, que el gobierno procedió correctamente al no desarrollar una obra que costaba al erario nacional casi 1.000 millones de dólares. Tampoco la discusión de las elecciones presidenciales tienen importancia para quienes debaten sobre la educación, la calidad de las viviendas, la falta de trabajo o el aumento del gasto público.

Pareciera ser que este país, en lo político, solo le interesara la reforma electoral, que algún momento esperamos se produzca, o los candidatos a reemplazar a una Presidenta que solo lleva seis meses de gobierno y, a la que a veces juzgamos como si estuviera terminando su período legal.

Entonces saquemos los pingos del cajón y digámosles a los apostadores que la carrera está suspendida, porque el público está en otra.

La gente quiere ver a un país trabajando y concentrado en progresar. Quiere que la agenda ciudadana, las promesas de campaña, se cumplan. Que oficialismo y oposición asuman sus roles con sentido constructivo, por respeto al país y a los mismos electores a los cuales, no lo olviden, solo convocaran en tres años y medio más.

Mentiras verdaderas

La política necesita, urgentemente, un código que regule esta actividad.
Necesita una profunda revisión de la forma en que se generan los cargos de elección popular, desde la reforma electoral, hasta las obligaciones que los parlamentarios tienen con sus electores, sus mandatarios, quienes a poco andar son dejados de lado, para que las cúpulas partidistas ejerzan férreamente su autoridad.

De cuando en cuando hay parlamentarios, que algunos llaman díscolos, que se revelan contra la partidocracia tan común en nuestros usos políticos.

No solo hay que reformar la constitución para mejorar el sistema electoral, también como parte de esas modificaciones deberían contemplarse nuevos usos en la política y un código de ética clara y definida donde el elector no sea engañado con la impunidad que hoy ocurre.

Lo ocurrido con el puente sobre el canal de Chacao, que algún momento se le denominó, pomposamente, “Puente Bicentenario”, nos deja una clara lección de los códigos de conducta ética de la clase política, de todos los sectores.

No se puede prometer, con fines electorales, lo que no se está seguro de cumplir en la seguridad que las explicaciones permitirán cubrir el engaño.

La decisión adoptada por el gobierno es la correcta, no se pueden gastar 900 millones de dólares en un puente. El Ministro Eduardo Bitrán debió soportar estoicamente toda clase de descalificaciones, incluyendo a parlamentarios del propio conglomerado de gobierno, para señalar argumentos técnicos que no siempre los políticos, salvo las excepciones que confirman la regla, están llanos a emplear.

Nadie ha desmentido que en la última campaña presidencial y parlamentaria, salientes y entrantes, hablaron del puente como una realidad. Se mostraron maquetas y argumentos contundentes para reafirmar la importancia de la obra y como esta contribuiría a mejorar las condiciones de la isla grande de Chiloé.

Hoy una profunda amnesia parece apropiarse de la mente de quienes tanto prometieron. Los aspectos técnicos, la evaluación del proyecto en si mismo son irrebatibles dejando en claro la demagogia de propuestas que eran, por el momento, irrealizables.

¿Quien controla a los lenguaraces que tras de un voto le mienten al elector con absoluta impunidad?

Los chilenos, tradicionalmente, tenemos mala memoria especialmente en política. No hay castigo para el que miente y engaña al electorado, solo el uso conciente y racional del voto medianamente podría ser útil.

El sistema político está construido en este país de tal manera que resulta casi imposible castigar al mentiroso, solo lo hacemos frente a un encuesta, donde la política y sus actores reciben las peores calificaciones, sin embargo, estamos metidos a la fuerza en el sistema.

Somos obligados a votar y si no lo hacemos debemos pagar subidas multas. No votamos por quien queremos, votamos por quienes los partidos políticos, que representan a menos del 7 % de la ciudadanía, en cuanto a militantes inscritos, nos ofrecen en sus respectivas listas.

No tenemos la oportunidad de negarnos a participar de una elección donde las opciones son personajes que no nos representan.

En definitiva, la lección de Chiloé es una más de tantas que no sirven para aprender, solo para confirmar que en nombre de la política se pueden defraudar fondos públicos con fines electorales, como lo demuestran los juicios que se han seguido o están vigentes en varias regiones de nuestro país, o sencillamente prometer obras irrealizables como el “Puente bicentenario”.

Bien le haría al país repensar en una actividad política seria y consecuente, donde los valores éticos de esta actividad quedaran claramente exaltados ante la sociedad, única manera de recuperar la credibilidad, la confianza y la fe en una democracia donde ninguna corriente de pensamiento quede excluida.

El puente bicentenario

El primer anuncio de la construcción de un puente que une a la Isla Grande de Chiloé con el continente, nace durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle.

Pareció siempre una buena idea. Solucionar el aislamiento tradicional de la isla, fue acogido con entusiasmo por la mayoría de los chilotes ante la posibilidad de contar con una vía rápida y expedita, sin tener que subirse a los transbordadores que hoy cumplen esa tarea de “conectividad”, palabra que hoy los políticos han convertido en su favorita para abordar el tema.

La iniciativa del Gobierno de Frei fue refrendada por el presidente Ricardo Lagos y ya, en ese momento, se comenzó a hablar del puente del bicentenario una obra monumental, talvez, una de las obras públicas más trascendentales, por su magnitud, grado de dificultad e inversión, sobre 600 millones de dólares en las cifras preliminares, de la historia del país.

El puente, implementado sobre la base de una concesión, fue estudiado y proyectado durante la administración Lagos y esgrimido como una realidad de absoluta factibilidad, incluso también fue tema de campaña de la actual mandataria Michelle Bachelet.

La cruda realidad asomó hace menos de diez días cuando, concluidos los estudios, la empresa concesionaria llega a la conclusión que el proyecto costará 300 millones de dólares adicionales, y que no resulta factible para el consorcio internacional de empresas vinculadas al proyecto asumir la tarea.

En una rápida reacción el Ministro Eduardo Bitrán descartó de plano, en esas condiciones, que la obra pudiera ser asumida por el gobierno dado su alto costo, sobre 900 millones de dólares.

Las críticas llovieron sobre el secretario de estado, sin embargo, en lo personal, creo que su actitud fue la correcta. El pronunciamiento fue rápido, oportuno, y basado en una variable técnica, no política, en un ministerio que debe ser siempre conducido de esa manera, técnicamente.

Quienes deben asumir la crítica política son aquellos que crearon expectativas en la comunidad chilota, probablemente con fines electorales. El ministro ha dado una prueba de coraje y transparencia, al enfocar la situación, de lo contrario haría más dolorosa una frustración latente en una importante comunidad regional de nuestro país.

El ministro ha ofrecido una respuesta y una opinión basada en parámetros absolutamente objetivos de allí que, las críticas que se le han hecho a su gestión, incluyendo a parlamentarios y alcaldes de la propia concertación, parecen absolutamente injustas.

La respuesta ahora queda en manos del gobierno ya que, independiente de la evaluación del proyecto, que arroja una rentabilidad negativa, debe evaluarse desde el punto de vista de la rentabilidad social y esa es una decisión netamente política.

Lo que ocurre es que la sociedad Chilota y todos los que somos regionalistas vemos como se engaña, con impunidad electoral absoluta, a las regiones. Lo que se tenía que haber planteado en la campaña presidencial es que se efectuarían los estudios del proyecto y que, terminados aquellos, solo en ese momento se tomaría la decisión de construir o no el llamado “puente bicentenario”.

Las regiones observan como se invierten grandes cantidades de recursos del estado en la región metropolitana, electoralmente potente en cantidad de votos, postergando aspiraciones de los Chilenos que hemos elegido la alternativa de vivir y poblar un país largo y angosto como el nuestro.

Prometer y sembrar expectativas sobre bases no finiquitadas es, éticamente, incluso en política, censurable.

El ministro de Obras Públicas habló con la verdad, lo que no lo hicieron son quienes formularon las promesas.

El valor de las encuestas

Una nueva encuesta dada a conocer la semana pasada pone en discusión, cuál es el valor que ellas tienen y de que manera, aunque provienen, los resultados, de la opinión pública, influyen en esa misma opinión pública creando algunas percepciones duras, vale decir que, pese a las circunstancias se mantienen en el tiempo.

Se dice que las encuestas son fotos del momento apreciación más que razonable, curiosamente sin embargo, estas fotos van quedando grabadas en la conciencia de las personas y tenuemente forman un tejido de opinión social que va sustentando ideas más fijas y permanentes.

El flash de esta foto probablemente sea influenciado, en su luminosidad, por situaciones pasajeras de alto impacto como fue la huelga estudiantil, sin embargo, atribuirle a un solo hecho los resultados que muestra puede ser un gran equívoco a la hora de evaluar lo que viene.

Los gobiernos siempre afirman, cuando las cosas no se les marcan bien en este tipo de mediciones, que no gobiernan guiándose por las encuestas, lo que parece lógico, pero igual las estudian, analizan y revisan el comportamiento general para determinar que hay que mejorar.

Pero si observamos, objetivamente, los resultados de la última medición CEP veremos que la agenda política no siempre interpreta correctamente a la opinión pública.

En la pregunta ¿Cuáles son los tres problemas a los que debería dedicar mayor esfuerzo en solucionar el gobierno? Las tres principales preocupaciones ciudadanas captadas entre junio y julio son, en el mismo orden: Seguridad ciudadana, que aumenta en cuanto a interés sobre lo medido el año anterior en octubre y diciembre; Salud, que mantiene igual interés que en 2005; Educación, que aumenta en relación a la medición del año pasado, por razones más que obvias.

Aunque claramente la delincuencia, este año, ha tomado mayor prioridad, debe recordarse que la clase política le restaba importancia, al señalar que las cifras estaban descendiendo y, especialmente, cuando se aprobaron leyes en extremo protectoras de las garantías individuales, que fueron muy bien aprovechadas por los delincuentes, sus defensores con la complicidad, no voluntaria, de fiscales y jueces demasiados permisivos, creando la famosa puerta giratoria, termino acuñado por la oposición y que hoy es un concepto ampliamente aceptado por todos los sectores.

Muchas veces la foto que le sacan a la ciudadanía en esta postal de la opinión pública, contrasta que la de aquellos políticos que ocupan parte importante de su tiempo debatiendo sobre reformas políticas, como el sistema bi nominal o derechos humanos, que para los chilenos ocupan, en ambos casos, 3 %. No decimos que no sean temas importantes, pero tienen una prioridad diferente a la delincuencia, salud y educación.

Que la figura del Presidente Ricardo Lagos tenga una valorización de 71 % comparado con el 46 % de la actual mandataria no permite hacer ninguna comparación válida. Distinto es medir lo que un ex gobernante representa como un recuerdo, que estar enfrentado al conflicto del día a día. De manera especial se debe señalar que los problemas de alto impacto como la educación y la vivienda son heredados de la administración Lagos. La movilización estudiantil se produce, a dos meses de gobierno de Michelle Bachelet, sobre situaciones que se arrastran de muchos años. Las culpas presentes se radican en manejar muy mal el conflicto.

Las calificaciones como “sensación térmica”, para referirse a la seguridad ciudadana, son castigadas por una opinión pública que pone el tema en el primer lugar de sus preocupaciones.

Las encuestas, como en este caso, no solo han mostrado las carencias del gobierno, también de una oposición falta de ideas constructivas, de caminos alternativos que demuestren la posibilidad de ser gobierno en el futuro.

Finalmente toda la clase política debería entender las prioridades ciudadanas e interpretarlas correctamente.

No por mucho madrugar amanece más temprano.

La peor oposición al gobierno de la concertación, es la propia concertación.
Parece que los políticos han perdido el foco hacia el cual tienen que apuntar sus acciones y críticas.

Ni el oficialismo, ni la oposición, muestran algún grado de consenso interno que envíe, a los ciudadanos de a pie, una señal que se están preocupando de los problemas reales que le gente siente como propios.

Una parte significativa del desorden que pareciera existir nace, a mi juicio, de las urgencias y premuras que el propio gobierno se fijó al señalar las primeras tareas. Cien días y 36 medidas crearon expectativas, en la opinión pública, superiores al cumplimiento de las mismas. Para unos se cumplió la promesa para otros no.

El sentido de urgencia marcado por la propia gobernante, con la mejores intenciones, ante un gobierno de cuatro años a impuesto una presión sobre ministros, subsecretarios, Intendentes, directores de servicios, y los propios partidos de la concertación que les obliga a auto imponerse obligaciones y responsabilidades que siempre requieren más tiempo y en mucho casos largas negociaciones.

Al no poder alcanzar con agilidad las metas de corto plazo, auto impuestas, nacen las críticas, desconfianzas, e insatisfacciones que hoy tienen enfrentados, en una suerte de guerra fría, al Partido Socialista y a la Democracia Cristiana.

En una entrevista al diario de gobierno “La Nación”, el senador Jorge Pizarro señala, al referirse a los dichos del Senador Camilo Escalona presidente del PS relativos a la salida del gabinete de Andrés Zaldívar “.el juicio político que emitió el presidente del PS es inaceptable, porque él mejor que nadie sabe que los errores son compartidos, que las descoordinaciones existen, que las indefiniciones en los papeles de cada cual también existen, que hubo poco espacio para el desarrollo de una jefatura de gabinete por parte de Andrés en términos más activos y más amplios, y también hemos tenido problemas de definición de contenidos y mucha indisciplina a nivel de los partidos y de los parlamentarios. Hacer como los cojos, echándole la culpa al empedrado, a mí no me parece”

El tema no es menor porque se cree que más ministros debieron ser reemplazados.

El gobierno juró en marzo, pero su propia base política le está exigiendo más de lo que normalmente otros han hecho en el mismo período. ¿No será mucho el apuro?, o ya la clases política están perfilándose para la próxima competencia electoral.

En nuestra Región también la pugna entre el socialismo y la DC, aplica presión y críticas a la gestión del Intendente Cifuentes, sin reconocer que ha manejado bien la estrategia regional de desarrollo, especialmente cuando la unanimidad del Core, aprueba los proyectos y planes de inversión. No hay polémicas tras un estudio serio y un accionar maduro de los integrantes del Gobierno Regional y del propio Intendente Cifuentes. Sin embargo igual recibe ataques desde la propia concertación.

Esta suerte de carrera corta, entre un gobierno de cuatro años y uno de seis, está siendo injusta para la presidencia de Michelle Bachelet. Son demasiados apuros y exigencias que no dejan visualizar con oportunidad cuales son las prioridades.

El gobierno ha debido heredar errores de la anterior administración, enmendarlos y fijar plazos prudentes para hacer las correcciones, como el transantiago, los programas de viviendas, Obras Públicas, la crisis educacional.

Esta revisión y las consecuencias del paro estudiantil, más las inundaciones de este último mes en el sur, aplican una presión mayor que, da la sensación, unidas a las críticas del propio oficialismo, que el país no marcha a la velocidad correcta.

En la oposición las cosas no están mejor. Aún no se pone a la altura de las circunstancias. Lavín con sus declaraciones más apuntadas a lo real, de alguna manera se desmarca de su propio partido. La posibilidad de un tercer referente sigue siendo una alternativa válida si se quiere cumplir un rol político serio y de propuestas, y no limitarse a la crítica liviana que abunda en boca de la alianza.

En definitiva se aplicó el acelerador a fondo, pero el motor no estaba preparado para responder, y en los “pits” de la política, mecánicos y preparadores se desesperan.

Cuando el río suena...

Cuando el río suena, es que piedras trae. Así dice uno de los refranes más populares que aprendemos todos a temprana edad. Es como decir que cada hecho tiene una consecuencia, que emite señales tempranas que, luego de un tiempo, se transforman en un curso de acción determinado.

Las trágicas y lamentables consecuencias de los últimos temporales, de las cuales nadie puede culpar al gobierno, parecieron apresurar la toma de decisiones en la Presidenta Bachelet para hacer los cambios que desde el mes de mayo se comenzaron a vaticinar.

Interior, educación y economía tienen ahora, luego de solo 125 días de gobierno, otros nombres con un perfil diferente pero con un rango de experiencia directa en los asuntos de gobierno, como ocurre en los casos de Belisario Velasco, Yasna Provoste y Alejandro Ferreiro.

El ex ministro Zilic de educación era algo seguro que, más temprano que tarde, debería dejar la cartera, luego de la huelga estudiantil que se manejó solo en base a improvisaciones y fuertes golpes de timón siempre a último minuto.

Al ex ministro del interior, político del cual nadie puede poner en duda su notable preparación y sabiduría le ha quedado, probablemente, un sabor amargo con este cambio.

Algunos en el gobierno señalan que le faltó liderazgo en la conducción del gabinete, otros dicen que no lo pudo ejercer por un control demasiado directo de la propia presidenta.

El tema de si los ministros cuentan con la suficiente autonomía o no, se ha instalado hace un tiempo en los análisis políticos y, probablemente, en el curso de la semana que se inicia se debatirá más intensamente a nivel de los partidos que integran la coalición gobernante.

La ex ministra Antonijevic deja el cargo, en una cartera que no adquirió protagonismo y, más bien, pasó sin pena ni gloria. No cabe duda que el ministro Ferreiro, impulsor de varias iniciativas en los cargos que ocupara como Superintendente de Isapres, de AFP y de Valores y Seguros, le dará un carácter distinto al ministerio y entrará en los temas duros, que la ex ministra no abordó.

Belisario Velasco posee el capital de experiencia necesario al participar, anteriormente, en los gobiernos del Presidente Aylwin y Frei. En el primero le tocó abordar los ejercicios de enlace, boinazos y otros momentos tensos en las relaciones con el ejército, así como enfrentar a incipientes organizaciones terroristas que surgieron luego del retorno a la democracia.

Es probable que la opinión pública, que esperaba los cambios en el gabinete, resultara sorprendida por un anuncio que venía inmediatamente después de los temporales. Bueno o malo hacerlo en la misma semana en que la Presidenta Bachelet fue enfrentada por un grupo de ciudadanos en Chiguayante, solo el tiempo lo dirá, pero obviamente no tiene ningún significado mayor.

Yasna Provoste ex integrante del gabinete del Presidente Lagos, asume la cartera de educación, probablemente la menos deseada por los políticos. Pero ella viene de un estilo de conducción muy diferente y más ejecutivo. Probablemente su línea de acción esté más cerca de lo que avanzó el ex Ministro Bitar, a mi juicio un excelente ministro cuyo trabajo se entrabó por la falta de apoyo político, ante iniciativas que eran muy innovadoras.

Este cambio en las figuras ministeriales tiene, necesariamente, que ir acompañado de alguna reflexion en cuanto a la conducción de los ministerios, con mayor libertad de acción para los secretarios de estado, que sean proposititos, alertas a prever los cambios en el entorno.

Trabajar con cartas de navegación demasiado rígidas, sin las articulaciones que el día a día necesita, pasa por decisiones mayores de la presidenta.

Los próximos días decantaran lo que se movió tras estos cambios, incluyendo reacciones de los partidos políticos, que siempre son involucrados por los equilibrios partidarios que se busca existan en el gabinete.

Un vez más el ruido del río político traía piedras de cambio.