El primer anuncio de la construcción de un puente que une a la Isla Grande de Chiloé con el continente, nace durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle.
Pareció siempre una buena idea. Solucionar el aislamiento tradicional de la isla, fue acogido con entusiasmo por la mayoría de los chilotes ante la posibilidad de contar con una vía rápida y expedita, sin tener que subirse a los transbordadores que hoy cumplen esa tarea de “conectividad”, palabra que hoy los políticos han convertido en su favorita para abordar el tema.
La iniciativa del Gobierno de Frei fue refrendada por el presidente Ricardo Lagos y ya, en ese momento, se comenzó a hablar del puente del bicentenario una obra monumental, talvez, una de las obras públicas más trascendentales, por su magnitud, grado de dificultad e inversión, sobre 600 millones de dólares en las cifras preliminares, de la historia del país.
El puente, implementado sobre la base de una concesión, fue estudiado y proyectado durante la administración Lagos y esgrimido como una realidad de absoluta factibilidad, incluso también fue tema de campaña de la actual mandataria Michelle Bachelet.
La cruda realidad asomó hace menos de diez días cuando, concluidos los estudios, la empresa concesionaria llega a la conclusión que el proyecto costará 300 millones de dólares adicionales, y que no resulta factible para el consorcio internacional de empresas vinculadas al proyecto asumir la tarea.
En una rápida reacción el Ministro Eduardo Bitrán descartó de plano, en esas condiciones, que la obra pudiera ser asumida por el gobierno dado su alto costo, sobre 900 millones de dólares.
Las críticas llovieron sobre el secretario de estado, sin embargo, en lo personal, creo que su actitud fue la correcta. El pronunciamiento fue rápido, oportuno, y basado en una variable técnica, no política, en un ministerio que debe ser siempre conducido de esa manera, técnicamente.
Quienes deben asumir la crítica política son aquellos que crearon expectativas en la comunidad chilota, probablemente con fines electorales. El ministro ha dado una prueba de coraje y transparencia, al enfocar la situación, de lo contrario haría más dolorosa una frustración latente en una importante comunidad regional de nuestro país.
El ministro ha ofrecido una respuesta y una opinión basada en parámetros absolutamente objetivos de allí que, las críticas que se le han hecho a su gestión, incluyendo a parlamentarios y alcaldes de la propia concertación, parecen absolutamente injustas.
La respuesta ahora queda en manos del gobierno ya que, independiente de la evaluación del proyecto, que arroja una rentabilidad negativa, debe evaluarse desde el punto de vista de la rentabilidad social y esa es una decisión netamente política.
Lo que ocurre es que la sociedad Chilota y todos los que somos regionalistas vemos como se engaña, con impunidad electoral absoluta, a las regiones. Lo que se tenía que haber planteado en la campaña presidencial es que se efectuarían los estudios del proyecto y que, terminados aquellos, solo en ese momento se tomaría la decisión de construir o no el llamado “puente bicentenario”.
Las regiones observan como se invierten grandes cantidades de recursos del estado en la región metropolitana, electoralmente potente en cantidad de votos, postergando aspiraciones de los Chilenos que hemos elegido la alternativa de vivir y poblar un país largo y angosto como el nuestro.
Prometer y sembrar expectativas sobre bases no finiquitadas es, éticamente, incluso en política, censurable.
El ministro de Obras Públicas habló con la verdad, lo que no lo hicieron son quienes formularon las promesas.
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