Hace mucho que epítetos, de la naturaleza de los que nos sirven de titular, habían causado tanto escozor en algunos sectores políticos como empresariales del país.
El autor intelectual de calificativos fue el presidente del Partido Socialista senador Camilo Escalona. La expresión salió como consecuencias del fallo del Tribunal Constitucional que declaró, en términos sencillos, que la definición de empresa, contenida en el código del trabajo no podía ser alterada como parte de la ley aprobada que regula la subcontratación, área donde indudablemente se han cometido y se siguen cometiendo importantes abusos en contra de los trabajadores.
Pero la ira de Escalona ha producido una distorsión en la opinión pública, ya que a ese fallo le atribuyó poco menos que una traición especialmente del senador de la décima región Andrés Allamand a los derechos laborales.
Aparte del lenguaje descalificador, según señalaron los detractores de Escalona, se resucitaba un estilo de relación verbal que recordaba la década de los 70, todo lo cual ha traído réplicas y contra replicas. Obviamente que el lenguaje descalificador en el que cae con mucha frecuencia la “clase política”, solo contribuye a su propio desprestigio.
Lo medular en esta polémica y que puede llamar a confusión, especialmente a quienes no siguen de cerca el devenir de la política, es que el procedimiento de acudir al tribunal constitucional cuando una ley es aprobada con alguna falla legal, es legítimo, forma parte del proceso democrático y no por ello merece epítetos y descalificaciones como las emitidas por el presidente del Partido Socialista.
En lo importante es que la ley de sub contratación fue aprobada. No iba incluido en el proyecto del gobierno cambiar la redefinición de empresa, fue algo que nació de una iniciativa de algunos diputados. Es legítimo entonces que acudiendo a los mecanismos que la Constitución de la República contempla, se hicieran y esgrimieran argumentos para impugnar esa parte de la ley, no la de subcontratación que no contiene ninguna observación y cumple el propósito del Gobierno anterior que la propuso, proteger al trabajador de los abusos que algunos empresarios cometen.
Resulta extraño, entonces, contemplar estas pataletas cuando se siguen los cánones que fija la democracia en esta naturaleza de controversias. Enrarece el ambiente y contribuye al desprestigio, ya muy avanzado de la política, escuchar, ver o leer a los “Honorables Senadores de la República” descalificándose con un lenguaje donde todos son rociados, incluidos los empresarios buenos y malos, de manera general.
Obviamente que los abusos existen y se espera que la ley de subcontratación pueda poner coto a costumbres que revelan una nula responsabilidad social de algunas empresas.
Conocemos directamente de casos en que se vulnera la ley 16.744, cuando solo se le hace contrato y se le enteran imposiciones a un trabajador porque sufre un accidente, si ello no ocurriera sencillamente el contrato laboral sería ignorado. En esto el propio trabajador, seguramente por necesidad y para recibir una mayor remuneración líquida, o por no quedarse de brazos cruzados, acepta las condiciones.
El senador Escalona tiene razón cuando justifica sus dichos en la lucha por defender los derechos laborales, pero ello no se puede hacer sustentando una ilegalidad y atacando a otro senador que solo cumple su tarea de señalarla ante un organismo contemplado por la ley.
No olvidemos que el fallo del T.C. también fue apoyado por parlamentarios de la Concertación.
En cuanto al término chupasangres y vampiros, no olvidemos que en Cuba un profesor, con suerte gana 30 dólares al mes, o un médico 70 dólares, o que un trabajador de la industria automotriz en China gana entre 1.5 y 1.8 dólares por hora, contra lo que gana un trabajador del mismo rubro en el mundo occidental, de 18 a 20 dólares por hora.
Chupasangres y vampiros, lamentablemente, hay en todas partes y bajo todos los signos políticos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario