La política necesita, urgentemente, un código que regule esta actividad.
Necesita una profunda revisión de la forma en que se generan los cargos de elección popular, desde la reforma electoral, hasta las obligaciones que los parlamentarios tienen con sus electores, sus mandatarios, quienes a poco andar son dejados de lado, para que las cúpulas partidistas ejerzan férreamente su autoridad.
De cuando en cuando hay parlamentarios, que algunos llaman díscolos, que se revelan contra la partidocracia tan común en nuestros usos políticos.
No solo hay que reformar la constitución para mejorar el sistema electoral, también como parte de esas modificaciones deberían contemplarse nuevos usos en la política y un código de ética clara y definida donde el elector no sea engañado con la impunidad que hoy ocurre.
Lo ocurrido con el puente sobre el canal de Chacao, que algún momento se le denominó, pomposamente, “Puente Bicentenario”, nos deja una clara lección de los códigos de conducta ética de la clase política, de todos los sectores.
No se puede prometer, con fines electorales, lo que no se está seguro de cumplir en la seguridad que las explicaciones permitirán cubrir el engaño.
La decisión adoptada por el gobierno es la correcta, no se pueden gastar 900 millones de dólares en un puente. El Ministro Eduardo Bitrán debió soportar estoicamente toda clase de descalificaciones, incluyendo a parlamentarios del propio conglomerado de gobierno, para señalar argumentos técnicos que no siempre los políticos, salvo las excepciones que confirman la regla, están llanos a emplear.
Nadie ha desmentido que en la última campaña presidencial y parlamentaria, salientes y entrantes, hablaron del puente como una realidad. Se mostraron maquetas y argumentos contundentes para reafirmar la importancia de la obra y como esta contribuiría a mejorar las condiciones de la isla grande de Chiloé.
Hoy una profunda amnesia parece apropiarse de la mente de quienes tanto prometieron. Los aspectos técnicos, la evaluación del proyecto en si mismo son irrebatibles dejando en claro la demagogia de propuestas que eran, por el momento, irrealizables.
¿Quien controla a los lenguaraces que tras de un voto le mienten al elector con absoluta impunidad?
Los chilenos, tradicionalmente, tenemos mala memoria especialmente en política. No hay castigo para el que miente y engaña al electorado, solo el uso conciente y racional del voto medianamente podría ser útil.
El sistema político está construido en este país de tal manera que resulta casi imposible castigar al mentiroso, solo lo hacemos frente a un encuesta, donde la política y sus actores reciben las peores calificaciones, sin embargo, estamos metidos a la fuerza en el sistema.
Somos obligados a votar y si no lo hacemos debemos pagar subidas multas. No votamos por quien queremos, votamos por quienes los partidos políticos, que representan a menos del 7 % de la ciudadanía, en cuanto a militantes inscritos, nos ofrecen en sus respectivas listas.
No tenemos la oportunidad de negarnos a participar de una elección donde las opciones son personajes que no nos representan.
En definitiva, la lección de Chiloé es una más de tantas que no sirven para aprender, solo para confirmar que en nombre de la política se pueden defraudar fondos públicos con fines electorales, como lo demuestran los juicios que se han seguido o están vigentes en varias regiones de nuestro país, o sencillamente prometer obras irrealizables como el “Puente bicentenario”.
Bien le haría al país repensar en una actividad política seria y consecuente, donde los valores éticos de esta actividad quedaran claramente exaltados ante la sociedad, única manera de recuperar la credibilidad, la confianza y la fe en una democracia donde ninguna corriente de pensamiento quede excluida.
Necesita una profunda revisión de la forma en que se generan los cargos de elección popular, desde la reforma electoral, hasta las obligaciones que los parlamentarios tienen con sus electores, sus mandatarios, quienes a poco andar son dejados de lado, para que las cúpulas partidistas ejerzan férreamente su autoridad.
De cuando en cuando hay parlamentarios, que algunos llaman díscolos, que se revelan contra la partidocracia tan común en nuestros usos políticos.
No solo hay que reformar la constitución para mejorar el sistema electoral, también como parte de esas modificaciones deberían contemplarse nuevos usos en la política y un código de ética clara y definida donde el elector no sea engañado con la impunidad que hoy ocurre.
Lo ocurrido con el puente sobre el canal de Chacao, que algún momento se le denominó, pomposamente, “Puente Bicentenario”, nos deja una clara lección de los códigos de conducta ética de la clase política, de todos los sectores.
No se puede prometer, con fines electorales, lo que no se está seguro de cumplir en la seguridad que las explicaciones permitirán cubrir el engaño.
La decisión adoptada por el gobierno es la correcta, no se pueden gastar 900 millones de dólares en un puente. El Ministro Eduardo Bitrán debió soportar estoicamente toda clase de descalificaciones, incluyendo a parlamentarios del propio conglomerado de gobierno, para señalar argumentos técnicos que no siempre los políticos, salvo las excepciones que confirman la regla, están llanos a emplear.
Nadie ha desmentido que en la última campaña presidencial y parlamentaria, salientes y entrantes, hablaron del puente como una realidad. Se mostraron maquetas y argumentos contundentes para reafirmar la importancia de la obra y como esta contribuiría a mejorar las condiciones de la isla grande de Chiloé.
Hoy una profunda amnesia parece apropiarse de la mente de quienes tanto prometieron. Los aspectos técnicos, la evaluación del proyecto en si mismo son irrebatibles dejando en claro la demagogia de propuestas que eran, por el momento, irrealizables.
¿Quien controla a los lenguaraces que tras de un voto le mienten al elector con absoluta impunidad?
Los chilenos, tradicionalmente, tenemos mala memoria especialmente en política. No hay castigo para el que miente y engaña al electorado, solo el uso conciente y racional del voto medianamente podría ser útil.
El sistema político está construido en este país de tal manera que resulta casi imposible castigar al mentiroso, solo lo hacemos frente a un encuesta, donde la política y sus actores reciben las peores calificaciones, sin embargo, estamos metidos a la fuerza en el sistema.
Somos obligados a votar y si no lo hacemos debemos pagar subidas multas. No votamos por quien queremos, votamos por quienes los partidos políticos, que representan a menos del 7 % de la ciudadanía, en cuanto a militantes inscritos, nos ofrecen en sus respectivas listas.
No tenemos la oportunidad de negarnos a participar de una elección donde las opciones son personajes que no nos representan.
En definitiva, la lección de Chiloé es una más de tantas que no sirven para aprender, solo para confirmar que en nombre de la política se pueden defraudar fondos públicos con fines electorales, como lo demuestran los juicios que se han seguido o están vigentes en varias regiones de nuestro país, o sencillamente prometer obras irrealizables como el “Puente bicentenario”.
Bien le haría al país repensar en una actividad política seria y consecuente, donde los valores éticos de esta actividad quedaran claramente exaltados ante la sociedad, única manera de recuperar la credibilidad, la confianza y la fe en una democracia donde ninguna corriente de pensamiento quede excluida.
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