¿Justicia o impunidad?
Creo que la mayoría de los chilenos quedamos con un palmo de narices cuando, la ministra de Educación, Yasna Provoste, anunció las sanciones administrativas que aplicaría al ex Seremi de la región metropolitana, siete años en el cargo, Alejandro Traverso (PS), al parecer un hombre intocable políticamente hablando.
Obviamente es una sanción que cuenta con el Vº Bº de la Presidenta Michelle Bachelet, pero que queda flotando en el aire como un castigo menor, sin relación alguna con la falta cometida.
Primero, no se acepta la medida recomendada por la Contraloría, segundo, se le aleja del cargo, no se le destituye, claramente se acepta la renuncia que había presentado hace semana y media. ¿Cuál es entonces la sanción? Casi parece un chiste, se le suspende del cargo, que ya no tiene, y se le sanciona con una multa del 50 % de un sueldo que no recibe. ¿Es eso justicia o flagrante impunidad?
La contraloría recomendó la destitución de Traverso, pero los políticos siempre se las han arreglado para que este organismo, contralor de los actos administrativos del Estado, no cuente con las atribuciones necesarias para imponer sus criterios fiscalizadores.
En el escenario antes mencionado, el vocero de palacio, Francisco Vidal explica; “El contralor propone y la ministra dispone. La ministra es la que decide en uso de sus facultades si acepta la proposición del contralor o dentro de sus facultades aplica otra sanción. Lo primero que hay que aclarar es que don Alejandro Traverso está fuera del ministerio de Educación, ha sido sancionado por la vía administrativa, no solamente se le aceptó la renuncia sino que además ha sido sancionado por quien corresponde, la sanción es relevante”
Aunque el mismo vocero, hace una semana, dijo de manera terminante que el caso de las subvenciones estaba cerrado para gobierno, ya se ve que no ha sido así, es más, se le complica notablemente, no solo por la interpelación que, el próximo martes, deberá enfrentar Provoste en la Cámara de Diputados, además, por el descontento, ante la sanción tan “arreglada”, que se ha desatado en el plano gremial, como en sectores políticos de la propia Concertación y la Alianza, a lo que se une la sombra, cada vez más cierta, de una acusación constitucional con votos transversales.
La ministra ha declarado que la falta de conciliaciones bancarias y documentos de respaldo, para justificar la entrega de 260 mil millones de pesos, ha sido entregada a la Contraloría y corresponden a los años 2006 y 2007, falta que este organismo contralor las revise y de su conformidad. Nada dice Provoste de la falta de documentación, de los años 2004 y 2005, que corresponden a la gestión de los ministros: Sergio Bitar y de Marigen Hornkhol. Sin embargo el Seremi era el mismo, Alejandro Traverso.
“Desordenes Administrativos”, con esa definición se ha querido justificar la actitud del ex Seremi, como si se tratara de una falta menor. ¿Puede un ministerio permitir que, tan abultadas cantidades de dinero, se entreguen a los prestadores sin tener claro la documentación que sustenta y las conciliaciones en las cuentas bancarias? ¿Es esa una manera responsable de cuidar los recursos del Estado? ¿Es o no, jugar con los dineros de la educación?
Uno de los vicepresidentes de la DC, Juan Bustamante, declaró al diario La Tercera, el viernes. “No me parece acertada la decisión de la ministra. Lo que correspondía en este caso era la destitución y no suspenderlo. Las autoridades de gobierno deben ser más claras y precisas cuando lo dice la Contraloría”.
“Tras lo ocurrido con Traverso, ahora estoy dispuesto a estudiar la acusación constitucional” afirmó el Diputado (DC) Pablo Lorenzini.
“No haber aceptado la salida de Traverso me parece increíble y espero que la Presidenta tome cartas en el asunto. La ministra está haciendo todo lo posible para que la acusen, moralmente la ministra debía acatar la solución. Me parece insólito que solamente lo haya suspendido”. Diputado Renán Fuentealba (DC)
“Creo, según la información de prensa, que no hay mérito para acusar a la ministra Provoste y por eso espero con mucho interés su participación en la comisión de educación”, manifestó, por su parte el diputado Gonzalo Duarte (DC).
En definitiva queda claro que la justicia de la autoridad política no es la misma para todos. Los que tienen buenos padrinos, siempre tendrán protección o un trato preferente y generoso. El propio Traverso, en una entrevista a la Radio Bío Bío, declaró que reconocía que al ser profesor, no tenía las competencias para hacer una buena gestión administrativa.
Traverso tiene la razón, no poseía y no posee las competencias para ese cargo, pero tiene un carné político que parece, en estos tiempos, ser más valioso y competente que la preparación académica para desempeñar un cargo.
¿Con el dinero de la educación no se juega? Ja.
