Mentiras verdaderas III
Puede parecer que mi imaginación se agotó. Los títulos de mis artículos se repiten solo con una variante, el número con el cual finalizan.
La política es así, da para mucho y más. Cada cual busca llevar el agua de lo bueno y lo malo, de las luces y sombras, a su propio molino. Pienso que los políticos, en general, no han percibido aún que los electores están cada día más informados. Nadie comulga hoy en Chile con ruedas de carreta. Los voceros, oficiales u oficiosos, no provocan ningún impacto y de alguna manera lo que dicen siempre se pone en duda.
La prensa y nosotros los periodistas, hemos asumido la responsabilidad, cual más cual menos, de encontrar las verdades y las mentiras de la política chilena.
Todo este preámbulo para afirmar que hay 260.000 millones de pesos, de subvenciones, que nadie se ha robado, salvo 200 millones, hasta el momento, - declaración de Ministro Vidal el pasado viernes – que algunos sostenedores obtuvieron de manera fraudulenta. La última palabra le dirá la contraloría, las futuras auditorias en todas las seremías del país, y una revisión a fondo con los prestadores.
¿Qué ha pasado entonces? Primero, la oposición que hace su propio negocio, criticar al gobierno y provocar un escándalo, que no lo es, pero que tampoco puede pasar “colado”. Segundo, una declaración poco convincente de la ministra de educación, aduciendo que se quería tender una cortina de humo para proteger a los sostenedores privados. Su discurso quedo trunco cuando, los periodistas, revelamos que de todo había en la viña del señor, incluyendo a Simón el hermano del senador Camilo Escalona quien había participado el año 2003 como gestor de la Sociedad Educacional Aconcagua de la que se retiró el año 2007. En una de las escuelas de esas sociedades “Tonki Tonki Ton, perteneciente a la Sociedad Educacional El Monte, el año 2006 se descubrieron algunas irregularidades que parece, de manera muy rápida, fueron solucionadas por la Seremía metropolitana. Hoy Simón Escalona participa en la Sociedad Educacional Peñaflor.
Puesto en un contexto objetivo los sostenedores pueden tener el color político que quieran, por lo que de tender una cortina de humo fue un recurso vanal, pretendiendo que la opinión pública crea que los empresarios son todos opositores, cuando, me imagino, se dedican al negocio de la educación.
Hay un tercer punto, no menor, el más involucrado en el tema de los 260 mil millones de pesos, es el actual Seremi de la Región Metropolitana, militante P.S, pasado al tribunal supremo del partido, Alejandro Traverso. Como nadie se ha llevado el dinero para la casa, la excusa es “desorden administrativo”. La contraloría estableció la cifra, luego de una auditoria, que abarcó las cuentas desde el año 2004 al 2006. El ministerio ha señalado que todos los faltantes de documentación fueron enviados al organismo contralor. En eso el ministerio tiene razón cuando señala que la situación está aclarada, sin embargo, hasta que la contraloría no lo verifique con sus auditores los documentos de respaldo enviados, algunos con siete años de retraso, no se puede dar por terminado el caso. Esta es la madre del cordero. Si la contraloría está de acuerdo con las aclaraciones del ministerio, ahí termina el asunto. Los tribunales deberán investigar y sancionar a quienes adulteraron cifras y antecedentes para que parte de ese dinero fuera percibido, irregularmente, por algunos sostenedores, “varipiontos” políticamente.
El otro punto es como un Seremi, Alejandro Traverso, puede permanecer en el cargo por siete años, sobreviviente de tres Presidentes y varios ministros e intendentes, cometiendo de manera permanente los mismos errores de gestión y control.
Traverso asume como Seremi el año 2000, hasta la fecha, cuando era Intendente Sergio Galilea (PPD). Ya en ese tiempo existían irregularidades y falta de control que se arrastraban de las década de los 90. Traverso es un educador, pero de administración, gestión y control, no sabe nada según sus detractores. Resulta inexplicable que se tengan que hacer conciliaciones bancarias de los cheques, correspondientes a subvenciones, que estaban pendientes por siete años. Traverso en la empresa privada no duraría un día.
Los políticos justifican estos aspectos como “desorden administrativo”. ¿Desorden administrativo en cifras que involucran 260 mil millones de pesos?, se le debería llamar negligencia. Se asume el desorden como una falta menor y se justifica el punto desde los más altos cargos.
Si hay desorden en la entrega de las subvenciones los sostenedores inescrupulosos se aprovecharan, no quepa duda, de la situación y quien pierde dinero es el estado chileno.
No basta con decir, “se ha aumentado considerablemente la inversión en educación”, esa inversión debe justificarse en cuando a su rendimiento, en mejoría y calidad. No es importante, solo, cuánto dinero se invierte, si no, cómo se invierte.
¿Por qué Traverso sigue en el cargo – ahora se encuentra de vacaciones – con estos “desordenes administrativos”? ¿Quién lo protege políticamente? Ese es el verdadero tema, no 260.000 millones de pesos cuyo destino, en cuanto a documentos, en las próximas semanas se aclararan con toda seguridad.
Puede parecer que mi imaginación se agotó. Los títulos de mis artículos se repiten solo con una variante, el número con el cual finalizan.
La política es así, da para mucho y más. Cada cual busca llevar el agua de lo bueno y lo malo, de las luces y sombras, a su propio molino. Pienso que los políticos, en general, no han percibido aún que los electores están cada día más informados. Nadie comulga hoy en Chile con ruedas de carreta. Los voceros, oficiales u oficiosos, no provocan ningún impacto y de alguna manera lo que dicen siempre se pone en duda.
La prensa y nosotros los periodistas, hemos asumido la responsabilidad, cual más cual menos, de encontrar las verdades y las mentiras de la política chilena.
Todo este preámbulo para afirmar que hay 260.000 millones de pesos, de subvenciones, que nadie se ha robado, salvo 200 millones, hasta el momento, - declaración de Ministro Vidal el pasado viernes – que algunos sostenedores obtuvieron de manera fraudulenta. La última palabra le dirá la contraloría, las futuras auditorias en todas las seremías del país, y una revisión a fondo con los prestadores.
¿Qué ha pasado entonces? Primero, la oposición que hace su propio negocio, criticar al gobierno y provocar un escándalo, que no lo es, pero que tampoco puede pasar “colado”. Segundo, una declaración poco convincente de la ministra de educación, aduciendo que se quería tender una cortina de humo para proteger a los sostenedores privados. Su discurso quedo trunco cuando, los periodistas, revelamos que de todo había en la viña del señor, incluyendo a Simón el hermano del senador Camilo Escalona quien había participado el año 2003 como gestor de la Sociedad Educacional Aconcagua de la que se retiró el año 2007. En una de las escuelas de esas sociedades “Tonki Tonki Ton, perteneciente a la Sociedad Educacional El Monte, el año 2006 se descubrieron algunas irregularidades que parece, de manera muy rápida, fueron solucionadas por la Seremía metropolitana. Hoy Simón Escalona participa en la Sociedad Educacional Peñaflor.
Puesto en un contexto objetivo los sostenedores pueden tener el color político que quieran, por lo que de tender una cortina de humo fue un recurso vanal, pretendiendo que la opinión pública crea que los empresarios son todos opositores, cuando, me imagino, se dedican al negocio de la educación.
Hay un tercer punto, no menor, el más involucrado en el tema de los 260 mil millones de pesos, es el actual Seremi de la Región Metropolitana, militante P.S, pasado al tribunal supremo del partido, Alejandro Traverso. Como nadie se ha llevado el dinero para la casa, la excusa es “desorden administrativo”. La contraloría estableció la cifra, luego de una auditoria, que abarcó las cuentas desde el año 2004 al 2006. El ministerio ha señalado que todos los faltantes de documentación fueron enviados al organismo contralor. En eso el ministerio tiene razón cuando señala que la situación está aclarada, sin embargo, hasta que la contraloría no lo verifique con sus auditores los documentos de respaldo enviados, algunos con siete años de retraso, no se puede dar por terminado el caso. Esta es la madre del cordero. Si la contraloría está de acuerdo con las aclaraciones del ministerio, ahí termina el asunto. Los tribunales deberán investigar y sancionar a quienes adulteraron cifras y antecedentes para que parte de ese dinero fuera percibido, irregularmente, por algunos sostenedores, “varipiontos” políticamente.
El otro punto es como un Seremi, Alejandro Traverso, puede permanecer en el cargo por siete años, sobreviviente de tres Presidentes y varios ministros e intendentes, cometiendo de manera permanente los mismos errores de gestión y control.
Traverso asume como Seremi el año 2000, hasta la fecha, cuando era Intendente Sergio Galilea (PPD). Ya en ese tiempo existían irregularidades y falta de control que se arrastraban de las década de los 90. Traverso es un educador, pero de administración, gestión y control, no sabe nada según sus detractores. Resulta inexplicable que se tengan que hacer conciliaciones bancarias de los cheques, correspondientes a subvenciones, que estaban pendientes por siete años. Traverso en la empresa privada no duraría un día.
Los políticos justifican estos aspectos como “desorden administrativo”. ¿Desorden administrativo en cifras que involucran 260 mil millones de pesos?, se le debería llamar negligencia. Se asume el desorden como una falta menor y se justifica el punto desde los más altos cargos.
Si hay desorden en la entrega de las subvenciones los sostenedores inescrupulosos se aprovecharan, no quepa duda, de la situación y quien pierde dinero es el estado chileno.
No basta con decir, “se ha aumentado considerablemente la inversión en educación”, esa inversión debe justificarse en cuando a su rendimiento, en mejoría y calidad. No es importante, solo, cuánto dinero se invierte, si no, cómo se invierte.
¿Por qué Traverso sigue en el cargo – ahora se encuentra de vacaciones – con estos “desordenes administrativos”? ¿Quién lo protege políticamente? Ese es el verdadero tema, no 260.000 millones de pesos cuyo destino, en cuanto a documentos, en las próximas semanas se aclararan con toda seguridad.
