Para no conducir a equívocos el título de esta columna es más que nada una reflexión académica del tema de la responsabilidad cívica que tenemos todos los actores, de los procesos sociales, políticos, educacionales y económicos de nuestro país.
No se puede negar que Chile, en las dos últimas décadas, ha logrado una posición visible no solo en la región americana, también en el ámbito mundial, pero ese éxito logrado nos ha comenzado a desordenar como país.
La discusión de fondo, y es bueno plantearla ahora, es si la democracia es permitir y hacer todo, o también tiene marcos restrictivos de algunas libertades, en beneficio de encontrar un ordenamiento que haga posible una gobernabilidad fluida y respetada.
Al mirar el país hoy, podemos encontrar algunas dificultades. La primera a mencionar, es la velocidad con que se debe gobernar, entendido en el tiempo que se toman, las autoridades y los tres poderes del Estado, en resolver los problemas que afectan a las diferentes capas ciudadanas.
Al iniciarse la gestión de la Presidenta Bachelet, primer período constitucional de cuatro años, se dio una señal de máxima ejecutividad, 36 medidas en 100 días, Pareció un buen inicio de un gobierno ejecutivo, con ideas y planes muy claros. Seamos honestos si hoy preguntamos a la ciudadanía que enumere cuales fueron esas medidas y las relacione con algún cambio en su vida ciudadana, pocos podrían responder acertadamente.
A las pocas semanas vino una serie de comedias de equivocaciones, autoridades nombradas, al parecer apresuradamente, probablemente en la misma línea e intención ejecutiva de las 36 medidas, unas que no aceptaron el cargo, otras que renunciaron luego de ser cuestionadas. A menos de seis meses de gobierno, la clase política ya estaba embarcada en la próxima campaña presidencial y a muchos exigiendo a la actual administración soluciones concretas a problemas que, por décadas, no se han podido arreglar.
En ese mismo período estalla el primer conflicto, minimizado por el propio gobierno, las protestas estudiantiles. No hay más dinero se señala, el paro provoca un estallido de violencia y el tema, tratado a nivel de un subsecretario, debe ser resuelto por la Presidenta quien de paso pone a disposición millones de dólares que un principio, se dijo, no se podían disponer. Finalmente cae una parte del primer gabinete.
Vivimos ahora un período en que se hace lo contrario, las decisiones se toman a la velocidad de innumerables comisiones y mesas de trabajo que debaten, consultan, preparan y presentan informes que, se espera, orienten las decisiones futuras. ¿Es el temor a no cometer errores el que hace ser tan cauto al gobierno? ¿Es la figura del gobierno ciudadano, técnicamente difícil de entender, lo que causa tantas demoras?
Aún no tenemos contralor, mala señal ante algunos escándalos que investiga la justicia, especialmente de desvío o mala utilización de fondos públicos. Chile no decide su voto en la ONU, lo que ha causado serias divisiones en el oficialismo, como Bitar con Girardi en el PPD, Navarro con Rossi en el partido socialista. Parlamentarios que viajan por su cuenta a Venezuela, aduciendo cada grupo motivos diferentes. Todos reconocen el derecho constitucional de la Presidenta Michelle Bachelet a decidir el voto, pero toda la clase política está pronunciándose, todos los días, sobre el tema. Esa hora de tomar una decisión y poner punto final a la polémica que solo agrega tensión al ambiente de la política interna.
Están los conflictos laborales, especialmente del sector público, generados por las expectativas de un Estado con mucho dinero, con promesas de campaña y cartas compromiso que los gremios dicen que se han olvidado.
En definitiva para que un país no se desordene cívicamente debe notarse una cierta dirección, clara y definida del gobierno. La mejor demostración ocurrió esta semana, prácticamente cero vandalismo, en una protesta y marcha impecables desde el punto de vista organizativo del gremio de los profesores. Pese a las críticas que se pudieran hacer, el gobierno actuó, preventivamente, con energía y empoderó a las fuerzas de carabineros para que hicieran su tarea de resguardar el orden, evitando el vandalismo. Ese es el gobierno que la mayoría ciudadana quiere ver, justo, reflexivo pero nunca vacilante ante las tareas y atribuciones que le son propias.
Si hay algo que prestigió al Gobierno de Ricardo Lagos fue que la autoridad constitucional, de la cual todo gobernante se encuentra legítimamente investido, se sintió y se respetó.
No se puede negar que Chile, en las dos últimas décadas, ha logrado una posición visible no solo en la región americana, también en el ámbito mundial, pero ese éxito logrado nos ha comenzado a desordenar como país.
La discusión de fondo, y es bueno plantearla ahora, es si la democracia es permitir y hacer todo, o también tiene marcos restrictivos de algunas libertades, en beneficio de encontrar un ordenamiento que haga posible una gobernabilidad fluida y respetada.
Al mirar el país hoy, podemos encontrar algunas dificultades. La primera a mencionar, es la velocidad con que se debe gobernar, entendido en el tiempo que se toman, las autoridades y los tres poderes del Estado, en resolver los problemas que afectan a las diferentes capas ciudadanas.
Al iniciarse la gestión de la Presidenta Bachelet, primer período constitucional de cuatro años, se dio una señal de máxima ejecutividad, 36 medidas en 100 días, Pareció un buen inicio de un gobierno ejecutivo, con ideas y planes muy claros. Seamos honestos si hoy preguntamos a la ciudadanía que enumere cuales fueron esas medidas y las relacione con algún cambio en su vida ciudadana, pocos podrían responder acertadamente.
A las pocas semanas vino una serie de comedias de equivocaciones, autoridades nombradas, al parecer apresuradamente, probablemente en la misma línea e intención ejecutiva de las 36 medidas, unas que no aceptaron el cargo, otras que renunciaron luego de ser cuestionadas. A menos de seis meses de gobierno, la clase política ya estaba embarcada en la próxima campaña presidencial y a muchos exigiendo a la actual administración soluciones concretas a problemas que, por décadas, no se han podido arreglar.
En ese mismo período estalla el primer conflicto, minimizado por el propio gobierno, las protestas estudiantiles. No hay más dinero se señala, el paro provoca un estallido de violencia y el tema, tratado a nivel de un subsecretario, debe ser resuelto por la Presidenta quien de paso pone a disposición millones de dólares que un principio, se dijo, no se podían disponer. Finalmente cae una parte del primer gabinete.
Vivimos ahora un período en que se hace lo contrario, las decisiones se toman a la velocidad de innumerables comisiones y mesas de trabajo que debaten, consultan, preparan y presentan informes que, se espera, orienten las decisiones futuras. ¿Es el temor a no cometer errores el que hace ser tan cauto al gobierno? ¿Es la figura del gobierno ciudadano, técnicamente difícil de entender, lo que causa tantas demoras?
Aún no tenemos contralor, mala señal ante algunos escándalos que investiga la justicia, especialmente de desvío o mala utilización de fondos públicos. Chile no decide su voto en la ONU, lo que ha causado serias divisiones en el oficialismo, como Bitar con Girardi en el PPD, Navarro con Rossi en el partido socialista. Parlamentarios que viajan por su cuenta a Venezuela, aduciendo cada grupo motivos diferentes. Todos reconocen el derecho constitucional de la Presidenta Michelle Bachelet a decidir el voto, pero toda la clase política está pronunciándose, todos los días, sobre el tema. Esa hora de tomar una decisión y poner punto final a la polémica que solo agrega tensión al ambiente de la política interna.
Están los conflictos laborales, especialmente del sector público, generados por las expectativas de un Estado con mucho dinero, con promesas de campaña y cartas compromiso que los gremios dicen que se han olvidado.
En definitiva para que un país no se desordene cívicamente debe notarse una cierta dirección, clara y definida del gobierno. La mejor demostración ocurrió esta semana, prácticamente cero vandalismo, en una protesta y marcha impecables desde el punto de vista organizativo del gremio de los profesores. Pese a las críticas que se pudieran hacer, el gobierno actuó, preventivamente, con energía y empoderó a las fuerzas de carabineros para que hicieran su tarea de resguardar el orden, evitando el vandalismo. Ese es el gobierno que la mayoría ciudadana quiere ver, justo, reflexivo pero nunca vacilante ante las tareas y atribuciones que le son propias.
Si hay algo que prestigió al Gobierno de Ricardo Lagos fue que la autoridad constitucional, de la cual todo gobernante se encuentra legítimamente investido, se sintió y se respetó.
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