Cuando niños son atacados, golpeados, violados y asesinados se toca a la estructura más sensible de una sociedad. Cuando la justicia, la prevención del delito, la rehabilitación del delincuente, los asaltos a mano armada, rescate y fuga incluidos, no se detienen se ataca la conciencia ciudadana que busca, con razón, responsables.
La pena de muerte volvió a la mesa de la discusión política cuando fue formalizado el asesino confeso, presunto en términos judiciales, de Francisca Silva, niña de cinco años, golpeada, violada y lanzada, aún con vida, al mar.
Un crimen que nos conmovió a todos. ¿Qué hacer para terminar con la escalada de crímenes, asaltos, y atentados a la propiedad pública y privada en estos años?
Muchos han planteado que se aplique la pena de muerte en casos calificados. Preocupa el recrudecimiento de crímenes protagonizados por niños de corta edad que, por ser inimputables, recuperan la libertad o son enviados centros que no cuentas con el personal y preparación para contener muchacho que requieren atención especial de otro nivel.
Se mira con desconfianza la justicia, desconfiando de jueces y tribunales, de fiscales que aparecen en el papel como ineficientes. La verdad es otra. Los jueces, los fiscales, deben ceñirse a la ley. Las leyes no las hacen quienes deben aplicarla. La ley la hace la autoridad política, el Ejecutivo y el Legislativo.
Hay que decir las cosas con la verdad y sin tapujos. En Chile, con el síndrome de los derechos humanos violados durante el régimen militar, se procuró dar garantías, de buena fe, a quienes fueran detenidos imputados de algún delito. Se cometió el error de dar demasiadas garantías procesales a delincuentes con amplio prontuario, incluso, a quienes se les sorprendía en delito flagrante.
La clase política no ha reaccionado para enmendar algunas leyes que deben ser revisadas. Hacen declaraciones grandilocuentes, pero en el hecho resulta descorazonador oír decir al Ministro del Interior “"En los últimos días hemos escuchado mucho hablar del Estado de Derecho, pero hay que hablar con seriedad. En cada rincón de Chile, sin excepción, la acción eficaz del Estado, de las policías, de los fiscales y jueces es garantía del efectivo cumplimiento de la ley y de la vigencia del Estado de Derecho".
Pruebas al canto. Diariamente se cometen robos y asaltos a mano armada, incluyendo atentados con explosivos, alunizajes, robos a cajeros automáticos, secuestro de personas en su hogar mientras se les somete a violencia y se roban sus pertenecías, robos al comercio establecido, ataques contra menores.
Hace un par de días varios delincuentes fueron detenidos por personal de seguridad de un mall en Santiago. Se les sorprendió en el momento en que asaltaban una joyería. Al día siguiente habían recuperado su libertad.
Al Contralor General de la República le entrar a robar a su hogar. Un juez es amenazado de muerte y tiene que ser protegido por guardaespaldas.
En la Araucanía se investiga la intervención de activistas vascos.
Profesores son golpeados y atacados en sus aulas por los alumnos o bien por sus apoderados.
La clase política no está haciendo su tarea. Son conformistas, oficialismo y oposición.
Los políticos hablan siempre que: “El pueblo sabe”, “la gente dice”, “la sociedad piensa...”
Están profundamente equivocados.
Con el tema de la pena de muerte hay opiniones contradictorias en la sociedad chilena, partidarios y no partidarios de aplicar esta medida. Al único político que le he escuchado, sobre esta materia, una propuesta inteligente es a Marco Enríquez Ominami. Señaló esta semana que termina, “no soy partidario de la pena de muerte, pero hagamos un plebiscito”. Es lo mejor.
En lo personal no soy partidario de ese castigo, soy partidario de una ley justa que garantice la seguridad del ciudadano, actúe con energía contra el delincuente. Hay que hacer reformas, hay que preguntarle a la gente.
¿Por qué los políticos y las autoridades temen preguntar directamente a los ciudadanos qué piensan sobre determinadas situaciones? ¿Siguen creyendo que tenemos una sociedad desinformada? Por el contrario, todos queremos que nuestra opinión sea consultada, no siempre interpretada por quienes se atribuyen nuestra representación, en el gobierno o el parlamento.
No será ya tiempo que nos tomen en cuenta.
