Hay que reconocer la valentía del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet de dar la partida a la “ley de transparencia”, generada por dos senadores, uno de oposición, Hernán Larraín y otro de gobierno Jaime Gazmuri, dado que la ropa sucia se lavará delante de todos los chilenos.
La primera evaluación del Consejo de Transparencia estableció que solo un 23 %, del total de las instituciones que deben dar cumplimiento a la ley, cumplían cabalmente con ella. Dicho porcentaje corresponde a 31 organismos centrales del Estado -de un total de 131-, entre los que encuentran la Secretaría General de la Presidencia, único ministerio, Conama, Sernapesca, Armada de Chile, SAG y la CONAF, entre las más destacadas.
El mismo balance establece que, el nivel de cumplimiento formal del instructivo fue "alto", ya que alcanza el 87%, mientras que siete instituciones estuvieron bajo el 50% de cumplimiento de la ley.
El Consejo, alerta sobre la dispersión en los mecanismos disponibles para ver la información o solicitarla, un 24% de los sitios medidos, poseen sistemas con diversos formatos y exigencias, lo que dificulta la obtención de la información deseada.
Lo que se publica acarreo de inmediato críticas de la oposición, especialmente, cuando se ha podido observar la cantidad importante de parientes y ex parlamentarios derrotados en pasadas elecciones que reciben sumas elevadas por asesorías en variedad de servicios y Ministerios.
De alguna manera queda la sensación que se entrega trabajo a los “favoritos” del régimen o a quienes el voto popular les dio la espalda.
Fuente de críticas ha sido comprobar que una parte importante de los recursos de libre disposición de la Presidencia de la República se reparten, con generosidad, a fundaciones y centros de estudio ligados a la concertación 0o a ex presidentes. El tema nace que, a fin de cuentas, se trata del dinero de todos los chilenos que solo llega a un sector político privilegiado por el régimen.
Ahora podremos saber, con certeza, cuántos son aquellos que reciben sueldo fiscal, sin hacer nada útil, salvo dedicarse a la política. Los nombres los periodistas los conocemos, pero tendremos una herramienta para verificar y contrastar la información de este tipo de personajes que, pululan en intendencias, municipalidades y gobernaciones, con honrosas excepciones.
El gobierno no solo ha tenido que enfrentar las críticas que se producen dada la posibilidad de conocer información que, antes tenía un trato confidencial. Es un mérito de la Presidenta que, a sabiendas que se trata de una herramienta legal de doble filo, no vaciló en ponerla en vigencia.
Otras críticas políticas de la semana, son producto de un error no forzado, al reconocer el Ministro de Defensa, Francisco Vidal, que las nominaciones a cargos de gobierno se hacen de acuerdo a propuestas de los partidos políticos. Esa verdad que ha sido un uso de la política Chilena a partir de 1810, se da por descontada. Distinto es obligar al gobierno a que nomine a una persona. Según la costumbre es la Presidenta la que designa, pero mirando que cara ponen los partidos que le apoyan. Lo importante es la calidad técnica del o la nominada, que no siempre se respeta.
Lo curioso en este episodio ha sido la negativa, que tal cosa ocurra, del Presidente del Partido Socialista el senador Camilo Escalona. Las ternas de los partidos para postular a ministerios, intendencias, jefaturas de toda clase, siempre han existido. Esto no es patrimonio exclusivo de la concertación. Incluso durante el régimen militar algunos partidos “en receso” influyeron en el nombramiento de muchos personajes en cargos de importancia. Negar lo uno o lo otro es un acto de cinismo.
Vidal dijo la verdad, como también lo hizo el Presidente de la DC. Juan Carlos Latorre. Parece lógico que en una coalición se aporte con figuras relevantes y se presione, amablemente, para que la importancia partidaria y los votos que se controlan, sean reconocidos especialmente, en ministerios, intendencias y gobernaciones. Bastaría comparar la Presencia DC. PPD. y PS. con el PRSD.
El punto radica exclusivamente en la capacidad, honestidad y competencias del nominado. Si ello se hubiere cuidado en el bullado caso Michel y en otros, que han llevado a tribunales y posteriormente a la cárcel, por días semanas y meses, a variadas figuras de la política, probablemente no habría sido necesario que la transparencia tuviera su hora.
