En Chile la igualdad ante la ley es un mito.
Siempre encontramos alguna manera de eludirla, funcionando para unos si, para otros no.
Esta pregunta me surge ante un dictamen de la contraloría conocido, públicamente, la semana que finaliza.
“Contraloría establece que ley de Subcontratación no rige para organismos del Estado. Informe del fiscalizador dice que al no regirse por el Código Laboral, el Estado no puede internalizar personal de terceros”.
¿Iguales ante la ley cuando se trata de la legislación laboral? No, rotundo, salvo aquellas empresas que se rigen por el código del trabajo. ¿Porqué todos los trabajadores de Chile no se rigen por este código, y se acogen al beneficio de leyes laborales que claramente les favorecen?, seguramente porque nuestros gobernantes y legisladores no son consecuentes con lo que predican. No me refiero únicamente a los actuales, también a décadas de historia laboral y sindical, donde no ha existido mayor interés en la materia.
La ley importa un comino y lo mejor es no darse el trabajo, problema de neuronas seguramente, de reestudiar un sistema, que es injusto para miles de trabajadores chilenos que prestan sus servicios al Estado. Solo las empresas del Estado que se rigen por el mentado código se les pueden aplicar las leyes y fiscalizaciones que hoy abundan.
A las empresas privadas, demás de, Codelco, Enami y Enap, sí se les aplica el artículo más polémico de la ley de Subcontratación, la internalización de personal de empresas contratistas calificados en situación de suministro.
La Contraloría se basa en que el Estado, como empleador, no se rige por el Código del Trabajo, sino que la planta de cada estamento está regulada por ley. ¿Y que cuesta cambiar una ley que permita nivelar a empleador y empleado en un mismo nivel de mutua exigencia?
El Estado puede vulnerar las leyes, que a otros aplica, con completa impunidad. Nadie hace nada, ni los parlamentarios de gobierno como tampoco de oposición. Esta situación se presta a graves abusos, contratando funcionarios sin derecho a vacaciones, sin imposiciones, cometiendo graves faltas que en las empresas privadas o fiscales regidas por el código del trabajo no se les permite, es más se sancionan drásticamente, ¿es eso ser iguales ante la ley?.
"Sostener que el trabajador que mantiene un contrato de trabajo con un contratista o subcontratista del sector privado será un empleado de la administración del Estado implica violentar las normas legales que regulan las facultades de los organismos que la integran, como aquellas que rigen la relación estatutaria de los funcionarios públicos", eso dice el informe de la contraloría para declarar que el trabajador chileno tiene trato diferente ante la ley.
La justicia social, de la cual tanto se habla, es vulnerada de manera absoluta. Lo que se castiga en la empresa privada, se aplica sin problemas por parte del estado en desmedro de miles de funcionarios públicos. La Ley de Subcontratación no se aplica para efectos de internalización de trabajadores, pues la dotación de planta de los servicios públicos está determinada por ley, y por tanto, no es susceptible de ser modificada administrativa ni judicialmente.
Nuevamente preguntamos ¿es eso justo?, nadie hará nada al respecto.
Queda en claro que ante estas verdades, de las cuales la clase política poco habla, debemos concluir que la respuesta entregada por la contraloría deja en claro, a mi modesto entender, que la ley de subcontratación no es una buena normativa ya que no se aplica a todos los trabajadores y permite, al Estado de Chile, abusar de sus trabajadores, al vulnerar la ley aduciendo que otra ley le permite hacerlo.
Son responsables, esto viene de antiguo, quienes nos han gobernado, quienes nos gobiernan actualmente y la totalidad de la clase política, que por omisión hacen diferencias protegiendo a trabajadores con un determinada norma legal y dejando a otros, sector público, al arbitrio de altos cargos que duraran de acuerdo a los vaivenes de la política vigente y del gobernante de turno.
¿Iguales ante la ley? ¡No!
