Alejandro Pino Uribe. Periodista / Analista político
http://alejandropinouribe.blogspot.com
Lo dijo la Presidenta de la República Michelle Bachelet la semana que termina. Existirá un estricto control y transparencia en el manejo de los fondos públicos destinados a los programas de empleo. Su advertencia, en buena hora, surgió cuando fue consultada por el encauzamiento de un grupo de militantes, de uno de los partidos de la concertación, por defraudar, presuntamente, fondos públicos para desviarlo a campañas políticas en la V Región causa en la cual también se ha hecho parte el Consejo de Defensa del Estado.
No debemos olvidar que en la IV Región un ex gobernador se encuentra sometido a proceso por presuntas prácticas de la misma naturaleza.
La Concertación de Partidos por la Democracia ha obtenido, legítima y democráticamente, cuatro mandatos presidenciales, el último con un hito histórico en la política de nuestro país, instalar en la Presidencia de la República a una mujer. Lo conseguido, incluidas las mayorías en ambas cámaras del congreso, constituye una gran responsabilidad.
La responsabilidad no solo recae en quien encabeza el gobierno, además, en todos quienes son su equipo de trabajo, desde los más altos cargos, hasta las jefaturas de menor rango.
Cuando se maneja un poder de esa naturaleza las tentaciones son muchas, y por ello es necesario no dejar pasar ni el menor atisbo de corrupción, aquella que es clara y flagrante, como la más inocente de influir en las personas para que nominen en cargos públicos a determinados favoritos.
Es importante legislar más claramente para que se prohíba a los parlamentarios, del partido que sea, el utilizar su influencia para calificar a descalificar a los funcionarios públicos, a fin que se nominen a quienes cuentan con su beneplácito. No se trata de impedir que en la legítima tarea legislativa, y en el caso de los diputados, en su función fiscalizadora denuncien a quienes cometen actos de mal gobierno o incumplimiento de sus tareas públicas.
Ha sido costumbre, por décadas, que algunos diputados y senadores, dediquen parte de su tiempo a colocar en los cargos fiscales a quienes han sido, de una manera u otra, parte de sus esfuerzos de campaña. Es como premiar con el dinero de todos los chilenos a quien han servido a un interés político particular.
Hoy existe confianza y pleno apoyo en el sentido que con la llegada de la Presidenta Bachelet al palacio de la Moneda, estas prácticas irán desapareciendo en la medida que se denuncien y sancionen decididamente.
Las investigaciones por desviación de fondos destinados a colaborar con personas en estado de pobreza extrema, es un delito que debe ser severamente castigado.
Lo ocurrido en el sur de la IV y en la V regiones, es un llamado de alerta para hacer investigaciones en otras comunas del país donde pueden haberse efectuado prácticas similares.
Es también una buena señal que el tribunal supremo del Partido Socialista haya decidido tomar cartas en el asunto e investigar el tema que afecta a un grupo específico de sus militantes.
Michelle Bachelet vio gestarse su candidatura de una manera espontánea y ciudadana, a la cual los partidos políticos debieron adherir. Su candidatura fue, incluso, transversal y el manejo de sus primeras semanas de gobierno ha roto esquemas y paradigmas que antes parecían imbatibles, claramente demostrado en los nombramientos de los altos cargos.
La Presidenta sabe que ha recibido un mandato que no se gestó en las cúpulas directivas, y por ello tiene la autoridad moral y la responsabilidad, para que su gestión marque hitos diferentes en la gestión y en el control de los recursos del estado y, de alguna manera, erradique viejas prácticas de la clase política en general.
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Lo dijo la Presidenta de la República Michelle Bachelet la semana que termina. Existirá un estricto control y transparencia en el manejo de los fondos públicos destinados a los programas de empleo. Su advertencia, en buena hora, surgió cuando fue consultada por el encauzamiento de un grupo de militantes, de uno de los partidos de la concertación, por defraudar, presuntamente, fondos públicos para desviarlo a campañas políticas en la V Región causa en la cual también se ha hecho parte el Consejo de Defensa del Estado.
No debemos olvidar que en la IV Región un ex gobernador se encuentra sometido a proceso por presuntas prácticas de la misma naturaleza.
La Concertación de Partidos por la Democracia ha obtenido, legítima y democráticamente, cuatro mandatos presidenciales, el último con un hito histórico en la política de nuestro país, instalar en la Presidencia de la República a una mujer. Lo conseguido, incluidas las mayorías en ambas cámaras del congreso, constituye una gran responsabilidad.
La responsabilidad no solo recae en quien encabeza el gobierno, además, en todos quienes son su equipo de trabajo, desde los más altos cargos, hasta las jefaturas de menor rango.
Cuando se maneja un poder de esa naturaleza las tentaciones son muchas, y por ello es necesario no dejar pasar ni el menor atisbo de corrupción, aquella que es clara y flagrante, como la más inocente de influir en las personas para que nominen en cargos públicos a determinados favoritos.
Es importante legislar más claramente para que se prohíba a los parlamentarios, del partido que sea, el utilizar su influencia para calificar a descalificar a los funcionarios públicos, a fin que se nominen a quienes cuentan con su beneplácito. No se trata de impedir que en la legítima tarea legislativa, y en el caso de los diputados, en su función fiscalizadora denuncien a quienes cometen actos de mal gobierno o incumplimiento de sus tareas públicas.
Ha sido costumbre, por décadas, que algunos diputados y senadores, dediquen parte de su tiempo a colocar en los cargos fiscales a quienes han sido, de una manera u otra, parte de sus esfuerzos de campaña. Es como premiar con el dinero de todos los chilenos a quien han servido a un interés político particular.
Hoy existe confianza y pleno apoyo en el sentido que con la llegada de la Presidenta Bachelet al palacio de la Moneda, estas prácticas irán desapareciendo en la medida que se denuncien y sancionen decididamente.
Las investigaciones por desviación de fondos destinados a colaborar con personas en estado de pobreza extrema, es un delito que debe ser severamente castigado.
Lo ocurrido en el sur de la IV y en la V regiones, es un llamado de alerta para hacer investigaciones en otras comunas del país donde pueden haberse efectuado prácticas similares.
Es también una buena señal que el tribunal supremo del Partido Socialista haya decidido tomar cartas en el asunto e investigar el tema que afecta a un grupo específico de sus militantes.
Michelle Bachelet vio gestarse su candidatura de una manera espontánea y ciudadana, a la cual los partidos políticos debieron adherir. Su candidatura fue, incluso, transversal y el manejo de sus primeras semanas de gobierno ha roto esquemas y paradigmas que antes parecían imbatibles, claramente demostrado en los nombramientos de los altos cargos.
La Presidenta sabe que ha recibido un mandato que no se gestó en las cúpulas directivas, y por ello tiene la autoridad moral y la responsabilidad, para que su gestión marque hitos diferentes en la gestión y en el control de los recursos del estado y, de alguna manera, erradique viejas prácticas de la clase política en general.
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