21.11.11

Educación y calidad (I parte)

Cuando se inicia el movimiento estudiantil este año, se menciona en la agenda, entre otros temas, la mejoría de la calidad de la educación, con la peregrina idea que eso se consigue con solo mencionar la palabra.
La calidad en educación no se obtiene por un decreto, una ley, o una simple negociación parlamentaria, requiere de tiempo, cambio de planes de formación en las pedagogías, así como transformaciones profundas en la enseñanza pre básica, básica, media y universitaria.


Grita la calle queremos una educación de calidad, más recursos basales para las universidades, no a la municipalización, no al lucro, enseñanza gratuita para todos. A voz en cuello la grita callejera termina en la violencia que ya hemos conocido, en la tomas de colegios y universidades, además de la pérdida de un año de escolaridad.
Los secundarios, en esta pasada, han sido pura comparsa, lamentable, porque ellos dieron la primera voz de alerta el año 2006. Fueron pioneros en señalar con claridad que la agenda educacional de la Concertación estaba estancada.
El problema planteado por los pingüinos le rebotó, al ingenuo gobierno de Piñera, que pese a todos los grupos “Tantauco”, que preparaban los programas para un futuro gobierno de la centro derecha chilena, no supo visualizar que el tema educacional no se había cerrado con el levantar de brazos, en torno a Bachelet, por todos los sectores políticos en La Moneda, luego del pingüinazo.
A poco más de un año de gobierno, se levantan los universitarios, las banderas son las mismas. Los que las agitan tienen más años y experiencia además de contar, desde las sombras, con el apoyo del Partido Comunista, que de batallas callejeras tiene doctorado.
El discurso está bien construido y apunta a temas duros en la educación, potentes en cuanto al sentir ciudadano. Créditos universitarios más razonables que los que implementó, con aval del Estado, Ricardo Lagos. Fin a la municipalización, educación gratuita para todos, mejor calidad etc.
El gobierno y la oposición quedan descolocados, sienten y saben que están fuera del tema, que ya no pueden intervenir la agenda levantada por los estudiantes. Extraviados en este marasmo, los políticos pierden el aliento. En la Casa Central de la emblemática Universidad de Chile, sendos lienzos exhiben los rostros de Lagos y Bachelet, colgando con ellos, una pregunta ¿dónde están?
Los secundarios quedaron dentro de los colegios tomados, pero sin agenda propia, acompañando cada protesta y manifestación. El tema universitario es prioritario y son sus dirigentes los que conversan con los políticos que se esfuerzan, cambiando el añejo discurso del pasado, por propuestas que huelen mucho a demagogia.
La pregunta es, ¿cuál es el lugar que cumple la “calidad”, tan gritada en la calle y tan poco analizada en el parlamento y en las propias mesas estudiantiles?
Hay algunos aspectos olvidados. Hace muchos años, en el gobierno de don Pedro Aguirre Cerda, el tema educacional fue foco de su gobierno. Don Tinto, como se le llamaba cariñosamente, acuñó la famosa divisa de su gobierno “Gobernar es educar”.
A partir de la década del 60, se constituye una comisión de planeamiento integral de la educación chilena que elaboró, entre 1962 y 1964, un informe que verificaba que la deserción escolar en la enseñanza primaria era de un 68%. Más del 30% de los licenciados de primer ciclo no accedía a la enseñanza media y la deserción en esta era aproximadamente de un 75%. El nivel educativo de la población chilena era de 4,2 años de estudio, siendo en los sectores rurales solo de 2,4 años.
Sobre ese diagnóstico se construye la reforma educacional de 1965, cuyo objetivo central es abrir el acceso igualitario al sistema educacional en todos los niveles, y que la permanencia no estuviera supeditada a las condiciones sociales y económicas del alumno, ponderando, como un segundo objetivo importante, la integración del alumnado a la comunidad y a las necesidades del desarrollo nacional.
En 1970 la educación cubría el 95% de los niños en edad escolar.
La calidad, pasa por profundos cambios a los programas de formación de los profesores, una legislación que certifique la capacidad del docente para enseñar, cursos de perfeccionamiento que garanticen que los conocimientos se mantienen actualizados.
(Continuara)