Ha finalizado el rescate de los 33 mineros. Queda una sensación de vacío. Leer los diarios nos vuelve a la rutina, accidentes asaltos, una que otra figurita de la farándula que protagoniza un escándalo.
El eco de los 33 mineros, ahora convertidos en figuras que podremos ver en programas de T.V. o en portadas de revistas, comienza a diluirse lentamente.
El eco de los 33 mineros, ahora convertidos en figuras que podremos ver en programas de T.V. o en portadas de revistas, comienza a diluirse lentamente.
Que viene luego del exitoso rescate de los 33 mineros de la mina San José.
Decenas de iniciativas e investigaciones, para explicarse racionalmente,las causas de un accidente que mantuvo en vilo al mundo entero, no exagero, están en marcha.
Para quien conozca el tema hay mucho de especulación y poco de verdad. La oposición rompe lanzas porque la Ministra del Trabajo dijo que existían antecedentes que la mina tenía problemas. Grita inmensa de senadores y diputados, cruzada por toda suerte de propuestas y amenazas de medidas de “apriete” a cuanta institución tenga que ver con el tema.
Resulta incomprensible que la oposición lance su carga contra la ministra Merino, por algo que dijo, cuando aún no pueden explicar por que el gobierno, del que formaron parte en el pasado, no entregó mayores recursos a las entidades que pueden fiscalizar y sancionar a quienes incumplen las normas de seguridad.
Sernageomin no contaba con recursos para cumplir los deberes que el código minero y las leyes respectivas le otorgan, sin embargo, aún así, el director Regional de Atacama clausuró la mina y señaló, con claridad, que no debería funcionar más, Gobierno de la Concertación año 2007.
Junto con la señalada clausura se indican todas las fallas detectadas en la explotación del yacimiento y las carencias, segunda vía de escape en caso de alguna emergencia. Más preocupante de si el gobierno tenía noticias de los problemas de la mina es establecer que esos problemas los conocía el Gobierno pasado, por años. Ridículo rasgar vestiduras ahora por una situación conocida.
Más parece toda esta arremetida un esfuerzo por lanzar una cortina de humo ante las últimas declaraciones, por escrito, del destituido Director Regional de Sernageomin, de Atacama, Antón Hraste
"Como podría extrañarnos la ocurrencia de casos como el de la mina San José de Atacama, en que ningún profesional se opuso a su reapertura a sabiendas de que no se debía reabrir al menos en las circunstancias en que estaba en ese momento, sin que se inspeccionara con la dedicación y frecuencia necesaria, y a sabiendas de que a mí me habían sacado del cargo de director regional por oponerme a su reapertura".
Cuando se ordena la reapertura ninguna medida solicitada por Sernageomin fue ejecutada, tampoco se hizo un revisión acuciosa de los sectores que reunían mayor cantidad de problemas.
Antón Hraste señala que fue cesado en sus funciones por su fuerte oposición a que San José siguiera funcionando dado que no existían adecuadas estudios geológicos y geo mecánicos. Es más denuncia el constante peligro de ser despedidos si se notaba demasiada exigencia, aparentemente por el alto nivel de empleo que genera la mediana y pequeña minería
"El director nacional se transforma en juez y parte y puede destituir a cualquier funcionario, aunque sea de la planta profesional, lo que lo transforma en el dueño del servicio y personaje omnipotente, lo que eventualmente le permitiría ceder o participar de cualquiera presión política o transacción económica para reabrir una faena minera o dar cualquier facilidad en la explotación, quedan expuestos a perder su trabajo ante presiones de los dueños de las minas sancionadas".
Que viene ahora, la típica política del cambio repentino, nos pasamos al otro extremo. Aplicándose la ley en su integridad serán varios cientos las faenas que tendrán que cerrar, de no encontrarse una política de fomente minero que sea integral, incluyendo el financiamiento que garantice un trabajo más seguro, con programas de explotación racionales que requieren de alta inversión.
Muchas pequeñas empresas de cinco o diez trabajadores no podrán afrontar el costo de tener una mina segura, si no encuentran un financiamiento adecuado para cumplir con los requisitos actuales y los que vendrán.
