El 30 de noviembre debe quedar despachada la ley de presupuesto de la nación con una notable expansión del gasto fiscal. Los recursos están, la voluntad de mantener un control sobre los mismos ha sido reiterada por la autoridad económica, solo queda esperar que las cosas se cumplan correctamente.
Cuando se habla de presupuestos expansivos, los gobiernos de la Concertación no siempre pueden exhibir, ante la ciudadanía, una conducta pulcra en el manejo de las inversiones del estado. Por alguna razón los buenos administradores del oficialismo han ido, paulatinamente, abandonando el buque insertándose en la actividad privada. Los relevos no siempre han reunido las competencias necesarias, en cuanto a conocimiento y a ética pública.
No se puede generalizar. En la raya para la suma el resultado del manejo macro económico ha sido extraordinariamente responsable, con el aliento de precios de intercambio favorables, y el extraordinario éxito en la apertura de tratados comerciales con las economías más desarrolladas del mundo. Nunca antes Chile había obtenido, en su historia, logros tan significativos en esta materia.
Pese a todo lo señalado siempre hay malas noticias. La manera de hacer política en el país, el chanchullo, el amiguismo, la componenda, el uso de resquicios legales, los cálculos políticos que valora o discrimina iniciativas sobre la base de cuantos votos puede representar una iniciativa determinada, constituye el factor desequilibrante al momento de emplear los recursos.
El oficialismo se ufana, muchas veces, del aumento del gasto en salud, en seguridad ciudadana, en infraestructura etc. Una ley económica básica es que el monto del gasto, o de la inversión no es lo fundamental, no constituye un único argumento, es tan solo una base. Lo que importa es como se invierten los recursos y que efecto producen.
El reciente paro médico ha demostrado que pese a todas las inversiones hay graves falencias en la salud. Que en importantes patologías del AUGE, un logro que duda cabe como programa, no se cumplen los plazos legales de atención.
El caso más estremecedor es el de Katherine Casas-Cordero, en Maipú, asesinada por su pareja. En Julio y en Agosto presentó denuncias en el tribunal de familia por violencia. Fue citada a audiencia para el 12 de Octubre, sin ningún tipo de medidas de protección. El 25 de Septiembre era cruelmente asesinada.
Hoy los tres poderes del estado discuten quién tiene la culpa. La ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Laura Albornoz dice: “No se necesita que haya una audiencia para decretar medidas de protección. Cuando existen presunciones de riesgo, que es algo que debió evaluar el tribunal, cuando se recibió a la mujer que fue asesinada, se pueden decretar medidas de protección”
La jueza Gloria Negroni acusó al Gobierno de no otorgar los recursos, hay un proyecto para aumentar jueces y personal de apoyo, en el congreso nacional, al que no se le ha puesto urgencia para su despacho
La verdad es que la ley en su concepción es buena, pero al igual que el transantiago, los ferrocarriles, los puentes que se caen y otros dineros malgastados, la implementación de los proyectos no hacen honor a un empleo eficiente.
Los tribunales han debido atender la derivación, por parte de Carabineros, solo el año pasado de 96.000 denuncias por violencia intrafamiliar.
Desde el año 2006 que se advierte que los tribunales están colapsados. El gobierno propone nombrar en total 316 jueces. La oposición piensa que su número debe elevarse a 517 en todo el país.
Estas discusiones de lo poderes públicos no le devolverán la vida a Catherine, ni su madre a dos pequeños niños.
