El tema del Transantiago a develado varias fallas graves de nuestra democracia representativa, nadie ha inventado en esta materia algo mejor por lo tanto es lo que hay.
No impide la naturaleza de este sistema de convivencia de una nación, como la nuestra, debatir algunos temas que en los últimos 15 días han quedado develados con singular fuerza y claridad.
1.- Cuando se diseña mal una política pública y se implementa peor, todos los chilenos debemos pagar los costos de ese error. Sin conocer lo ya gastado, suerte de misterio doloroso, debemos pagar US$ 290 millones, de los cuales se asegura se devolverán por el AFT US$ 190 millones.
2.- Como una manera de compensar al resto del país, por el problema creado en Santiago, las regiones recibirán otros US$ 290 millones, de los cuales también se deberán retornar al fisco la cantidad de US$ 190 millones.
Aunque unánimemente los parlamentarios de la coalición de gobierno señalaron que sentían vergüenza, y se condolían de la frustración, humillaciones y molestias ocasionadas a los usuarios de los sistemas de transporte público, por “lealtad” al gobierno y a la concertación, votaban a favor de entregar este dinero.
Como situación política es normal en una democracia representativa. Se dijo y escribió mucho, en estos días, de promesas que se hicieron a parlamentarios de promover otras iniciativas favorables, a sus distritos y circunscripciones, a cambio de sus votos.
No nos consta, por lo cual lo que señalamos no es una afirmación que se pueda probar, salvo en los próximos meses si algo parecido a lo dicho comienza a ocurrir en algunas regiones del país.
Pero la secuela mayor queda aún por resolver. ¿Qué libertad tiene un representante popular, senador o diputado, nominados como “Honorables”, para votar en libertad de conciencia respetando el bien común y no sujeto a “lealtades” y órdenes de partido?
Surge una pregunta candente. ¿En una democracia representativa, a quién se representa, al partido político que le nomina como candidato, o a la ciudadanía que con su voto, “libre y soberano”, le elige?
El caso del senador Adolfo Zaldívar colocará el tema en el tapete. A mi juicio la DC se ha comprado gratis un problema, que creo terminará haciéndole daño frente a la ciudadanía electoral, defínase esta como aquella inscrita electoralmente y votante regular.
El senador votó en contra de la asignación de los recursos para el Transantiago, si antes, los responsables políticos de su implementación, no renunciaban a sus cargos y quedaban claramente identificados ante la ciudadanía.
El argumento de no votar por una orden o acuerdo del partido, no es suficiente para acusarlo ante el Tribunal Supremo de la DC. Adolfo Zaldívar advirtió “si por defender o representar a los millones de santiaguinos que han sido humillados y vejados por el Transantiago me pasan al Tribunal, no tengo ningún problema, sólo quiero advertir que están poniéndose al borde de la Constitución”.
Qué dice la constitución, en la Ley 18.603 publicada el 23.03.1987 y modificada por la ley 19884 de 05.08.2003, ley orgánica constitucional de los partidos políticos: “Artículo 32.- En ningún caso podrán los partidos políticos dar órdenes de votación a sus Senadores y Diputados ni realizar recomendaciones en los casos en que el Senado esté llamado a obrar como jurado”
Lamentable que un caso en que un senador decide votar libremente y en conciencia, sea juzgado, “políticamente”, por preferir representar a la ciudadanía que le elige y no al partido del cual depende su futura nominación.
¿Es esta la democracia representativa que los chilenos queremos? ¿No será que por razones como esta, la política es una de las actividades menos prestigiadas en nuestra vida republicana?
