Por alguna razón, político genética, hablar, escribir o proponer lucro, para algunos sectores, es casi sinónimo de bandidaje, robo, extorsión o aprovechamiento ilegítimo.
Los mismos que rasgan vestiduras frente a cualquier asomo de obtener utilidad de alguna actividad honesta, sea la que sea, no tienen inconvenientes en utilizar fondos del PGE, destinado a trabajadores cesantes, desviar recursos del deporte para sus campañas políticas, malgastar el dinero de todos los chilenos en pistas aéreas deficientemente construidas, casas y escuelas que se diseñaron mal, y se controlaron peor, que deben demolerse, programas de transporte urbano que cuestan millones de dólares etc.
Y por una suerte de dogma doctrinario, para esos sectores políticos, el lucro, está prohibido cuando se habla de salud, o educación. Aunque algunos militantes sean dueños de colegios particulares subvencionados e incluso, de un par de Universidades.
Y como nuestra capacidad de enfrentar los debates, en muchos casos, no supera la etapa panfletaria, cuando se propone la reforma de la LOCE, todos se concentran en el lucro, como si en esa palabra estuviera la llave de una mejor educación.
La calidad de la educación pasa, no por el tema de si la educación privada es mejor que la pública, o si quienes intervienen en ella obtienen una utilidad por esa actividad. La mejora de la calidad estará siempre ligada a una inversión efectiva en planes y programas coherentes y alineados, con las estrategias de desarrollo de un país.
Lo importante es tener presente que lo sustantivo no reside en quien recibe el dinero del Estado, y si por arriesgar un capital en construcción de establecimientos, mantención de los mismos, se hace de una utilidad económica. Lo que importa es si colabora a la tarea educativa de manera exitosa.
¿Cómo se mide ese éxito?, por resultados claros, que el Ministerio de Educación controla adecuadamente. Que importa si al ser eficiente en el manejo de los recursos, obtener una buena matrícula y un prestigio en la comunidad, de paso se logra una utilidad.
En la categoría de establecimientos exitosos están aquellos cuyos sostenedores son confesiones religiosas, que con los excedentes de su gestión invierten en mejoras destinadas a sus educandos. Como esos casos también hay organizaciones de profesores y empresarios que hacen un aporte que, aparentemente, el ejecutivo y algunos legisladores desconocen o, derechamente, prefieren ignorar.
Hoy, pese a todo lo que se diga, el estado invierte poco en educación. La educación municipalizada sufre carencias indiscutibles por un per capita que no refleja la realidad de los desafíos educacionales que el país debe ser capaz de enfrentar. Las corporaciones y los departamentos de educación municipal hacen milagros con los pocos recursos. De la caja de cada municipio salen, mensualmente, cuantiosos recursos para suplementar lo que el estado no entrega.
Los Alcaldes reciben la crítica injusta de sus comunidades, cuando se corta la luz, o las empresas que mantienen el aseo comunal se quejan por la falta oportuna de lo pagos. Hay Municipios que mensualmente traspasan a la educación, deber prioritario del estado, entre cincuenta y setenta millones de pesos.
No reside en el lucro, en esa palabra que parece maldecir a quien lo obtiene, la llave maestra de una buena o mala educación. Si se controla y fiscaliza adecuadamente, sobre la base de objetivos y metas, ese aspecto es lo menos relevante.
Un ley, necesaria o no, eso lo debatirán los parlamentarios, no arregla nada salvo normar los aspectos globales del tipo de educación que queremos. Lo grueso, importante y medular, es como nos ponemos al día frente un mundo que procesa e intercambia conocimiento, investigaciones y tecnología de una manera vertiginosa.
Tener o no tener lucro no es lo medular, es un asunto mas ideológico que práctico.
Los mismos que rasgan vestiduras frente a cualquier asomo de obtener utilidad de alguna actividad honesta, sea la que sea, no tienen inconvenientes en utilizar fondos del PGE, destinado a trabajadores cesantes, desviar recursos del deporte para sus campañas políticas, malgastar el dinero de todos los chilenos en pistas aéreas deficientemente construidas, casas y escuelas que se diseñaron mal, y se controlaron peor, que deben demolerse, programas de transporte urbano que cuestan millones de dólares etc.
Y por una suerte de dogma doctrinario, para esos sectores políticos, el lucro, está prohibido cuando se habla de salud, o educación. Aunque algunos militantes sean dueños de colegios particulares subvencionados e incluso, de un par de Universidades.
Y como nuestra capacidad de enfrentar los debates, en muchos casos, no supera la etapa panfletaria, cuando se propone la reforma de la LOCE, todos se concentran en el lucro, como si en esa palabra estuviera la llave de una mejor educación.
La calidad de la educación pasa, no por el tema de si la educación privada es mejor que la pública, o si quienes intervienen en ella obtienen una utilidad por esa actividad. La mejora de la calidad estará siempre ligada a una inversión efectiva en planes y programas coherentes y alineados, con las estrategias de desarrollo de un país.
Lo importante es tener presente que lo sustantivo no reside en quien recibe el dinero del Estado, y si por arriesgar un capital en construcción de establecimientos, mantención de los mismos, se hace de una utilidad económica. Lo que importa es si colabora a la tarea educativa de manera exitosa.
¿Cómo se mide ese éxito?, por resultados claros, que el Ministerio de Educación controla adecuadamente. Que importa si al ser eficiente en el manejo de los recursos, obtener una buena matrícula y un prestigio en la comunidad, de paso se logra una utilidad.
En la categoría de establecimientos exitosos están aquellos cuyos sostenedores son confesiones religiosas, que con los excedentes de su gestión invierten en mejoras destinadas a sus educandos. Como esos casos también hay organizaciones de profesores y empresarios que hacen un aporte que, aparentemente, el ejecutivo y algunos legisladores desconocen o, derechamente, prefieren ignorar.
Hoy, pese a todo lo que se diga, el estado invierte poco en educación. La educación municipalizada sufre carencias indiscutibles por un per capita que no refleja la realidad de los desafíos educacionales que el país debe ser capaz de enfrentar. Las corporaciones y los departamentos de educación municipal hacen milagros con los pocos recursos. De la caja de cada municipio salen, mensualmente, cuantiosos recursos para suplementar lo que el estado no entrega.
Los Alcaldes reciben la crítica injusta de sus comunidades, cuando se corta la luz, o las empresas que mantienen el aseo comunal se quejan por la falta oportuna de lo pagos. Hay Municipios que mensualmente traspasan a la educación, deber prioritario del estado, entre cincuenta y setenta millones de pesos.
No reside en el lucro, en esa palabra que parece maldecir a quien lo obtiene, la llave maestra de una buena o mala educación. Si se controla y fiscaliza adecuadamente, sobre la base de objetivos y metas, ese aspecto es lo menos relevante.
Un ley, necesaria o no, eso lo debatirán los parlamentarios, no arregla nada salvo normar los aspectos globales del tipo de educación que queremos. Lo grueso, importante y medular, es como nos ponemos al día frente un mundo que procesa e intercambia conocimiento, investigaciones y tecnología de una manera vertiginosa.
Tener o no tener lucro no es lo medular, es un asunto mas ideológico que práctico.
