Cupasangres y vampiros

Hace mucho que epítetos, de la naturaleza de los que nos sirven de titular, habían causado tanto escozor en algunos sectores políticos como empresariales del país.

El autor intelectual de calificativos fue el presidente del Partido Socialista senador Camilo Escalona. La expresión salió como consecuencias del fallo del Tribunal Constitucional que declaró, en términos sencillos, que la definición de empresa, contenida en el código del trabajo no podía ser alterada como parte de la ley aprobada que regula la subcontratación, área donde indudablemente se han cometido y se siguen cometiendo importantes abusos en contra de los trabajadores.

Pero la ira de Escalona ha producido una distorsión en la opinión pública, ya que a ese fallo le atribuyó poco menos que una traición especialmente del senador de la décima región Andrés Allamand a los derechos laborales.

Aparte del lenguaje descalificador, según señalaron los detractores de Escalona, se resucitaba un estilo de relación verbal que recordaba la década de los 70, todo lo cual ha traído réplicas y contra replicas. Obviamente que el lenguaje descalificador en el que cae con mucha frecuencia la “clase política”, solo contribuye a su propio desprestigio.

Lo medular en esta polémica y que puede llamar a confusión, especialmente a quienes no siguen de cerca el devenir de la política, es que el procedimiento de acudir al tribunal constitucional cuando una ley es aprobada con alguna falla legal, es legítimo, forma parte del proceso democrático y no por ello merece epítetos y descalificaciones como las emitidas por el presidente del Partido Socialista.

En lo importante es que la ley de sub contratación fue aprobada. No iba incluido en el proyecto del gobierno cambiar la redefinición de empresa, fue algo que nació de una iniciativa de algunos diputados. Es legítimo entonces que acudiendo a los mecanismos que la Constitución de la República contempla, se hicieran y esgrimieran argumentos para impugnar esa parte de la ley, no la de subcontratación que no contiene ninguna observación y cumple el propósito del Gobierno anterior que la propuso, proteger al trabajador de los abusos que algunos empresarios cometen.

Resulta extraño, entonces, contemplar estas pataletas cuando se siguen los cánones que fija la democracia en esta naturaleza de controversias. Enrarece el ambiente y contribuye al desprestigio, ya muy avanzado de la política, escuchar, ver o leer a los “Honorables Senadores de la República” descalificándose con un lenguaje donde todos son rociados, incluidos los empresarios buenos y malos, de manera general.

Obviamente que los abusos existen y se espera que la ley de subcontratación pueda poner coto a costumbres que revelan una nula responsabilidad social de algunas empresas.

Conocemos directamente de casos en que se vulnera la ley 16.744, cuando solo se le hace contrato y se le enteran imposiciones a un trabajador porque sufre un accidente, si ello no ocurriera sencillamente el contrato laboral sería ignorado. En esto el propio trabajador, seguramente por necesidad y para recibir una mayor remuneración líquida, o por no quedarse de brazos cruzados, acepta las condiciones.

El senador Escalona tiene razón cuando justifica sus dichos en la lucha por defender los derechos laborales, pero ello no se puede hacer sustentando una ilegalidad y atacando a otro senador que solo cumple su tarea de señalarla ante un organismo contemplado por la ley.

No olvidemos que el fallo del T.C. también fue apoyado por parlamentarios de la Concertación.

En cuanto al término chupasangres y vampiros, no olvidemos que en Cuba un profesor, con suerte gana 30 dólares al mes, o un médico 70 dólares, o que un trabajador de la industria automotriz en China gana entre 1.5 y 1.8 dólares por hora, contra lo que gana un trabajador del mismo rubro en el mundo occidental, de 18 a 20 dólares por hora.

Chupasangres y vampiros, lamentablemente, hay en todas partes y bajo todos los signos políticos.

¡Partieron!

¡Partieron!

No hay nada más entretenido en la hípica, sobre todo cuando se concurre ocasionalmente, como observar a los caballos cuando se conducen a los “cajones de partida”, perdónenme lo expertos sin no se les denomina así.

Unos están por entrar al sitio de la largada y se dan varias revueltas, se encabritan, tratan de devolverse en medio de la preocupación de jinetes, asistentes y preparadores. Otros más dóciles, cancheros diría yo, se colocan frente a la pista de inmediato sin hacerse de rogar y solo esperan que se abran las puertas para salir al galope de inmediato.

Cuando falta bastante para cumplir el primer año de la actual administración presidencial, en las pistas políticas, y con ello no quiero menospreciar a los nobles equinos, está ocurriendo algo similar al inicio de una prueba hípica.

Algunos candidatos se dan vueltas y volteretas varias, mientras sus preparadores les instan a meterse en el cajón de partida a una carrera en la que aún le faltan más de tres años para que sea largada. Pero como los jinetes están preocupados que el tiempo se haga corto, llaman a “prepararse”.

Coincido con el Presidente del partido socialista el senador Camilo Escalona que lo mejor sería que los tapados, los que ya están corcoveando a la entrada de los cajones asuman, de cara al país, que participaran en la carrera o de lo contrario que salgan de la pista y dejen gobernar.

El mensaje del senador Escalona iba dirigido a los postulantes del oficialismo. Pónganse en el lugar de largada pero dejen que el espectáculo prosiga.

En la oposición no lo hacen mal, Piñera, el eterno Lavín y ahora aparece Allamand, cada cual con su respectivo preparador y gente dispuesta a apostar por su nominación.

En definitiva tenemos un país, al cual los mismos políticos le pusieron la camisa de fuerza de cuatro años de gestión. Ahora, a seis meses del gobierno de Michelle Bachelet, ya le quieren poner como tema prioritario la próxima elección.

Los políticos en lugar de preocuparse de los problemas importantes del país, ocupan su tiempo en discutir y polemizar sobre lo que debe ocurrir en tres años y medio más.

La propia presidenta interviene en la discusión proponiendo un período de cinco años, propuesta que estudia para más adelante, y que, de concretarse, tendría efecto al período siguiente a su actual gobierno.

Declaraciones más o menos, traerán consigo mayores opiniones de los honorables y de las directivas en tanto, ¿quien se ocupa de los problemas reales de la gente?, o cree alguien que nos interesa, en este momento, quien presidirá Chile en el próximo período o si será de cuatro, cinco o seis años.

La falta de sintonía que exhibe la clase política con la sociedad es asombrosa, en términos que los temas en debate no tienen ningún significado para la gente sufrida de la VIII región que busca recuperarse de las últimas inundaciones, o de la desilusión de los habitantes de Chiloé, aunque declaramos, una vez más, que el gobierno procedió correctamente al no desarrollar una obra que costaba al erario nacional casi 1.000 millones de dólares. Tampoco la discusión de las elecciones presidenciales tienen importancia para quienes debaten sobre la educación, la calidad de las viviendas, la falta de trabajo o el aumento del gasto público.

Pareciera ser que este país, en lo político, solo le interesara la reforma electoral, que algún momento esperamos se produzca, o los candidatos a reemplazar a una Presidenta que solo lleva seis meses de gobierno y, a la que a veces juzgamos como si estuviera terminando su período legal.

Entonces saquemos los pingos del cajón y digámosles a los apostadores que la carrera está suspendida, porque el público está en otra.

La gente quiere ver a un país trabajando y concentrado en progresar. Quiere que la agenda ciudadana, las promesas de campaña, se cumplan. Que oficialismo y oposición asuman sus roles con sentido constructivo, por respeto al país y a los mismos electores a los cuales, no lo olviden, solo convocaran en tres años y medio más.

Mentiras verdaderas

La política necesita, urgentemente, un código que regule esta actividad.
Necesita una profunda revisión de la forma en que se generan los cargos de elección popular, desde la reforma electoral, hasta las obligaciones que los parlamentarios tienen con sus electores, sus mandatarios, quienes a poco andar son dejados de lado, para que las cúpulas partidistas ejerzan férreamente su autoridad.

De cuando en cuando hay parlamentarios, que algunos llaman díscolos, que se revelan contra la partidocracia tan común en nuestros usos políticos.

No solo hay que reformar la constitución para mejorar el sistema electoral, también como parte de esas modificaciones deberían contemplarse nuevos usos en la política y un código de ética clara y definida donde el elector no sea engañado con la impunidad que hoy ocurre.

Lo ocurrido con el puente sobre el canal de Chacao, que algún momento se le denominó, pomposamente, “Puente Bicentenario”, nos deja una clara lección de los códigos de conducta ética de la clase política, de todos los sectores.

No se puede prometer, con fines electorales, lo que no se está seguro de cumplir en la seguridad que las explicaciones permitirán cubrir el engaño.

La decisión adoptada por el gobierno es la correcta, no se pueden gastar 900 millones de dólares en un puente. El Ministro Eduardo Bitrán debió soportar estoicamente toda clase de descalificaciones, incluyendo a parlamentarios del propio conglomerado de gobierno, para señalar argumentos técnicos que no siempre los políticos, salvo las excepciones que confirman la regla, están llanos a emplear.

Nadie ha desmentido que en la última campaña presidencial y parlamentaria, salientes y entrantes, hablaron del puente como una realidad. Se mostraron maquetas y argumentos contundentes para reafirmar la importancia de la obra y como esta contribuiría a mejorar las condiciones de la isla grande de Chiloé.

Hoy una profunda amnesia parece apropiarse de la mente de quienes tanto prometieron. Los aspectos técnicos, la evaluación del proyecto en si mismo son irrebatibles dejando en claro la demagogia de propuestas que eran, por el momento, irrealizables.

¿Quien controla a los lenguaraces que tras de un voto le mienten al elector con absoluta impunidad?

Los chilenos, tradicionalmente, tenemos mala memoria especialmente en política. No hay castigo para el que miente y engaña al electorado, solo el uso conciente y racional del voto medianamente podría ser útil.

El sistema político está construido en este país de tal manera que resulta casi imposible castigar al mentiroso, solo lo hacemos frente a un encuesta, donde la política y sus actores reciben las peores calificaciones, sin embargo, estamos metidos a la fuerza en el sistema.

Somos obligados a votar y si no lo hacemos debemos pagar subidas multas. No votamos por quien queremos, votamos por quienes los partidos políticos, que representan a menos del 7 % de la ciudadanía, en cuanto a militantes inscritos, nos ofrecen en sus respectivas listas.

No tenemos la oportunidad de negarnos a participar de una elección donde las opciones son personajes que no nos representan.

En definitiva, la lección de Chiloé es una más de tantas que no sirven para aprender, solo para confirmar que en nombre de la política se pueden defraudar fondos públicos con fines electorales, como lo demuestran los juicios que se han seguido o están vigentes en varias regiones de nuestro país, o sencillamente prometer obras irrealizables como el “Puente bicentenario”.

Bien le haría al país repensar en una actividad política seria y consecuente, donde los valores éticos de esta actividad quedaran claramente exaltados ante la sociedad, única manera de recuperar la credibilidad, la confianza y la fe en una democracia donde ninguna corriente de pensamiento quede excluida.

El puente bicentenario

El primer anuncio de la construcción de un puente que une a la Isla Grande de Chiloé con el continente, nace durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle.

Pareció siempre una buena idea. Solucionar el aislamiento tradicional de la isla, fue acogido con entusiasmo por la mayoría de los chilotes ante la posibilidad de contar con una vía rápida y expedita, sin tener que subirse a los transbordadores que hoy cumplen esa tarea de “conectividad”, palabra que hoy los políticos han convertido en su favorita para abordar el tema.

La iniciativa del Gobierno de Frei fue refrendada por el presidente Ricardo Lagos y ya, en ese momento, se comenzó a hablar del puente del bicentenario una obra monumental, talvez, una de las obras públicas más trascendentales, por su magnitud, grado de dificultad e inversión, sobre 600 millones de dólares en las cifras preliminares, de la historia del país.

El puente, implementado sobre la base de una concesión, fue estudiado y proyectado durante la administración Lagos y esgrimido como una realidad de absoluta factibilidad, incluso también fue tema de campaña de la actual mandataria Michelle Bachelet.

La cruda realidad asomó hace menos de diez días cuando, concluidos los estudios, la empresa concesionaria llega a la conclusión que el proyecto costará 300 millones de dólares adicionales, y que no resulta factible para el consorcio internacional de empresas vinculadas al proyecto asumir la tarea.

En una rápida reacción el Ministro Eduardo Bitrán descartó de plano, en esas condiciones, que la obra pudiera ser asumida por el gobierno dado su alto costo, sobre 900 millones de dólares.

Las críticas llovieron sobre el secretario de estado, sin embargo, en lo personal, creo que su actitud fue la correcta. El pronunciamiento fue rápido, oportuno, y basado en una variable técnica, no política, en un ministerio que debe ser siempre conducido de esa manera, técnicamente.

Quienes deben asumir la crítica política son aquellos que crearon expectativas en la comunidad chilota, probablemente con fines electorales. El ministro ha dado una prueba de coraje y transparencia, al enfocar la situación, de lo contrario haría más dolorosa una frustración latente en una importante comunidad regional de nuestro país.

El ministro ha ofrecido una respuesta y una opinión basada en parámetros absolutamente objetivos de allí que, las críticas que se le han hecho a su gestión, incluyendo a parlamentarios y alcaldes de la propia concertación, parecen absolutamente injustas.

La respuesta ahora queda en manos del gobierno ya que, independiente de la evaluación del proyecto, que arroja una rentabilidad negativa, debe evaluarse desde el punto de vista de la rentabilidad social y esa es una decisión netamente política.

Lo que ocurre es que la sociedad Chilota y todos los que somos regionalistas vemos como se engaña, con impunidad electoral absoluta, a las regiones. Lo que se tenía que haber planteado en la campaña presidencial es que se efectuarían los estudios del proyecto y que, terminados aquellos, solo en ese momento se tomaría la decisión de construir o no el llamado “puente bicentenario”.

Las regiones observan como se invierten grandes cantidades de recursos del estado en la región metropolitana, electoralmente potente en cantidad de votos, postergando aspiraciones de los Chilenos que hemos elegido la alternativa de vivir y poblar un país largo y angosto como el nuestro.

Prometer y sembrar expectativas sobre bases no finiquitadas es, éticamente, incluso en política, censurable.

El ministro de Obras Públicas habló con la verdad, lo que no lo hicieron son quienes formularon las promesas.