Un delincuente toma una mujer de rehén, le pone un cuchillo en la garganta, entrega una falsa identificación, es dejado en libertad por el tribunal de garantía y finalmente se presume prófugo, ya que tiene antecedentes penales que impedirían gozar de libertad.
Segundo capítulo, sorprenden in fragantes a unos ladrones tratando de robar, mediante un forado la bóveda de un banco, son detenidos y dejados en libertad, en ambos casos a la espera del inicio de sus respectivos juicios.
Es lo que se ha llamado “la puerta giratoria” de la justicia.
Políticos contra jueces y en medio fuertes descalificaciones. "Los jueces están siendo garantía de impunidad, son un peligro para la sociedad, ya que sus fallos se están convirtiendo en garantías para los delincuentes, lo que es inaceptable". Dice el senador Hernán Larraín. Desde la Moneda el Ministro Secretario General de Gobierno le responde: “Hay que ser responsable. Aquellos actores sociales o políticos que tienen representación y se la han ganado en buena lid para estar en el Parlamento, como Hernán Larraín, tal vez tienen que ser más finos en la crítica”.
Por su parte el pleno de la Corte Suprema interviene en la polémica y en una declaración expresa, en parte, "su extrañeza y condena por los términos impropios con los que algunos parlamentarios y autoridades estatales se han referido a uno u otro caso pues importan faltar a reglas elementales de respeto recíproco que deben presidir las relaciones de los poderes del Estado que son independientes y las funciones que todos cumplen separadamente para el logro del bien común".
La Presidenta de la República en un acto en Vallenar interviene en la polémica en un esfuerzo por aquietar las aguas: "Yo no voy a hacer un diagnóstico. No me corresponde a mí hacer un diagnóstico sobre esto. Lo que yo creo es que, como lo ha dicho el subsecretario, se van a entregar algunos informes de casos que nos parecen que sería recomendable mirar y evaluar".
La Presidenta dijo, además, "yo quisiera hacer un llamado a que tengamos en el centro a las víctimas y cumplamos con los sueños que la gente puso en esta reforma de la justicia".
Y en la última línea esta el meollo del problema, la reforma de la justicia. El punto a discutir es quien tiene la mayor responsabilidad de esta sensación, que los delincuentes tienen más garantías que las víctimas. No es que sea de esa manera, pero hay una sensación rara frente a un sistema judicial muy tolerante y garantísta, si se puede emplear el término.
La reforma y las leyes vigentes es responsabilidad de la clase política. Los jueces no hacen las leyes, las interpretan y cuidan de su correcta y justa aplicación. Al leer los fallos de los tribunales de garantía y las leyes que regulan esos mismos fallos, resulta difícil pensar que los jueces son los que tienen la mano blanda.
En el caso de “los barreteros”, la ley, redactada por la clase política y aprobada por el poder legislativo, da la razón a la juez que, sin impedir se inicie el juicio e investigación de los antecedentes, concede la libertad porque la ley así lo obliga. No entraron a la bóveda, intentaron hacerlo, es una tentativa de robo y la ley cuando se hizo y se aprobó estableció la facultad del juez de decretar la libertad provisoria a los delincuentes en casos como ese.
En rigor el magistrado actuó conforme a derecho.
Tenemos que preguntarnos si ante variadas imperfecciones que tiene la legislación ¿Es justo criticar y cargar la mano al juez que aplica lo que señala una mala ley, o debemos pedirle cuentas a la clase política que redacta y aprueba un legislación que tiene vacíos que permiten, flagrantemente, beneficiar al delincuente?
Todo este griterío podría finalizar si los poderes, ejecutivo y legislativo ven la paja en el ojo propio y no buscan encontrarla en el ojo del poder judicial.
Las malas leyes se pueden mejorar. Recordemos que en el pasado en 48 hrs, los honorables aprobaron una ley, ahora, podían hacer lo mismo para hacer mas justa la justicia.
Segundo capítulo, sorprenden in fragantes a unos ladrones tratando de robar, mediante un forado la bóveda de un banco, son detenidos y dejados en libertad, en ambos casos a la espera del inicio de sus respectivos juicios.
Es lo que se ha llamado “la puerta giratoria” de la justicia.
Políticos contra jueces y en medio fuertes descalificaciones. "Los jueces están siendo garantía de impunidad, son un peligro para la sociedad, ya que sus fallos se están convirtiendo en garantías para los delincuentes, lo que es inaceptable". Dice el senador Hernán Larraín. Desde la Moneda el Ministro Secretario General de Gobierno le responde: “Hay que ser responsable. Aquellos actores sociales o políticos que tienen representación y se la han ganado en buena lid para estar en el Parlamento, como Hernán Larraín, tal vez tienen que ser más finos en la crítica”.
Por su parte el pleno de la Corte Suprema interviene en la polémica y en una declaración expresa, en parte, "su extrañeza y condena por los términos impropios con los que algunos parlamentarios y autoridades estatales se han referido a uno u otro caso pues importan faltar a reglas elementales de respeto recíproco que deben presidir las relaciones de los poderes del Estado que son independientes y las funciones que todos cumplen separadamente para el logro del bien común".
La Presidenta de la República en un acto en Vallenar interviene en la polémica en un esfuerzo por aquietar las aguas: "Yo no voy a hacer un diagnóstico. No me corresponde a mí hacer un diagnóstico sobre esto. Lo que yo creo es que, como lo ha dicho el subsecretario, se van a entregar algunos informes de casos que nos parecen que sería recomendable mirar y evaluar".
La Presidenta dijo, además, "yo quisiera hacer un llamado a que tengamos en el centro a las víctimas y cumplamos con los sueños que la gente puso en esta reforma de la justicia".
Y en la última línea esta el meollo del problema, la reforma de la justicia. El punto a discutir es quien tiene la mayor responsabilidad de esta sensación, que los delincuentes tienen más garantías que las víctimas. No es que sea de esa manera, pero hay una sensación rara frente a un sistema judicial muy tolerante y garantísta, si se puede emplear el término.
La reforma y las leyes vigentes es responsabilidad de la clase política. Los jueces no hacen las leyes, las interpretan y cuidan de su correcta y justa aplicación. Al leer los fallos de los tribunales de garantía y las leyes que regulan esos mismos fallos, resulta difícil pensar que los jueces son los que tienen la mano blanda.
En el caso de “los barreteros”, la ley, redactada por la clase política y aprobada por el poder legislativo, da la razón a la juez que, sin impedir se inicie el juicio e investigación de los antecedentes, concede la libertad porque la ley así lo obliga. No entraron a la bóveda, intentaron hacerlo, es una tentativa de robo y la ley cuando se hizo y se aprobó estableció la facultad del juez de decretar la libertad provisoria a los delincuentes en casos como ese.
En rigor el magistrado actuó conforme a derecho.
Tenemos que preguntarnos si ante variadas imperfecciones que tiene la legislación ¿Es justo criticar y cargar la mano al juez que aplica lo que señala una mala ley, o debemos pedirle cuentas a la clase política que redacta y aprueba un legislación que tiene vacíos que permiten, flagrantemente, beneficiar al delincuente?
Todo este griterío podría finalizar si los poderes, ejecutivo y legislativo ven la paja en el ojo propio y no buscan encontrarla en el ojo del poder judicial.
Las malas leyes se pueden mejorar. Recordemos que en el pasado en 48 hrs, los honorables aprobaron una ley, ahora, podían hacer lo mismo para hacer mas justa la justicia.
