13.1.07

La política y la justicia


Cuando cada día nos enteramos de las noticias, no sabemos con certeza cuando se trata de información policial o política, así de complejo se ve el panorama de las últimas semanas. Este tema será más álgido ahora que ha sido detenido uno de los presuntos cerebros de la falsa empresa Publicam, cuyas facturas sirvieron para justificar gastos electorales el 2005.

El viernes pasado, en una sala del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, los fiscales Iván Millán y Nancy González formalizaron a Manuel Arancibia como imputado, en la que se ha denominado "mafia" del IVA, que logró timbrar, legalmente, más de 25 mil facturas falsas en la Región Metropolitana.

El primer fiscal en intervenir fue Iván Millán, quien investiga la aparición de dos facturas Publicam en la rendición de cuentas del senador Guido Girardi (PPD).

El fiscal Millán relató ante el tribunal como Arancibia fue contactado para comprar las facturas Nº 530 y 551 de la firma falsa Publicam, e incorporarlas a la rendición de cuentas de Girardi, acusándole de paso de actuar en complicidad con Ricardo Farías, administrador de la campaña del senador Girardi.

La tesis de la fiscalía es que ambos imputados evitaron, de esa manera, devolver el excedente de ingresos de recursos a la campaña, que debían reintegrarse al Servicio Electoral, cuadrando los gastos con facturas Publicam y provocando un daño al fisco de $24 millones al no devolver, como establece la ley, el excedente al fisco.

Por el tema antes mencionado es probable que el senador del PPD deba concurrir a la presencia del fiscal Millán esta semana. De acuerdo a lo investigado por la fiscalía, fueron los hermanos Walter y Dante Leoz quienes pagaron $700 mil pesos a Arancibia por estas dos facturas. Según el Fiscal a cargo del caso, Dante Leoz habría sido el que las hizo llegar a Ricardo Farías, administrador electoral del parlamentario.

Según los fiscales Millán y González, Arancibia vendía facturas y cobraba el 10% de las ganancias, y un 2% lo repartía entre sus intermediarios.

Arancibia, junto a la contadora Gloria Pavez y quien oficiaba como su secretaria María Soledad Chávez, constituían sociedades con mandatos falsos y realizaban la iniciación de actividades y timbraje, gracias a la colaboración de Luís Jofré, funcionario del SII de San Bernardo.

Pero, suma y sigue, Manuel Arancibia será, ahora, requerido la próxima semana por los fiscales del caso Chiledeportes, Francisco Jacir, Vinko Fodich y Xavier Armendáriz, quienes han solicitado que el 8° Juzgado de Garantía fije una audiencia de formalización para el miércoles.

A lo señalado se agregan que producto de las declaraciones ante los tribunales de Jorge Schaulsson, El Pleno de la Corte Suprema resolvió el viernes pedir un informe a la ministra Gloria Ana Chevesich, al ministro de Rancagua Carlos Aránguiz y la jueza (s) del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, Macarena Rubilar, que han decretado diligencias por las declaraciones del expulsado ex presidente del PPD.

Lo que busca la Corte Suprema es zanjar el tema de la competencia en la investigación judicial del uso de gastos reservados para los partidos de la concertación.

A todo lo que hemos dado a conocer se agrega un fallo del Tribunal constitucional que permite formalizar a los diputados Amelia Herrera, de RN, Rodrigo González y Laura Soto, ambos del PPD, por presuntos delitos de fraude al fisco.

A Amelia Herrera se le acusa de haber utilizado recursos municipales para el financiamiento de una revista político-propagandística que resume su gestión cuando era alcaldesa de Quilpue, entre 1996 y 2004.

A Rodrigo González y Laura Soto se les acusa de haber empleado fondos fiscales del Programa de Generación de Empleo (PGE), para pagar a activistas que trabajaron en "puerta a puerta" durante la última campaña política.

En definitiva lo que reflejan las últimas encuestas, aún que los casos no están cerrados, justifican que la política figure más en la página de tribunales y poco en la del congreso.

La ciudadanía requiere transparencia y se nota que no todos los actores políticos, los denominados “peces gordos”, están colaborando como debieran ya que nadie quiere reconocer los errores y se está tendiendo una peligrosa cortina de humo que, es de esperar, la justicia sepa despejar.