Una buena medida.

Alejandro Pino Uribe. Periodista / Analista político
http://alejandropinouribe.blogspot.com

Lo dijo la Presidenta de la República Michelle Bachelet la semana que termina. Existirá un estricto control y transparencia en el manejo de los fondos públicos destinados a los programas de empleo. Su advertencia, en buena hora, surgió cuando fue consultada por el encauzamiento de un grupo de militantes, de uno de los partidos de la concertación, por defraudar, presuntamente, fondos públicos para desviarlo a campañas políticas en la V Región causa en la cual también se ha hecho parte el Consejo de Defensa del Estado.

No debemos olvidar que en la IV Región un ex gobernador se encuentra sometido a proceso por presuntas prácticas de la misma naturaleza.

La Concertación de Partidos por la Democracia ha obtenido, legítima y democráticamente, cuatro mandatos presidenciales, el último con un hito histórico en la política de nuestro país, instalar en la Presidencia de la República a una mujer. Lo conseguido, incluidas las mayorías en ambas cámaras del congreso, constituye una gran responsabilidad.

La responsabilidad no solo recae en quien encabeza el gobierno, además, en todos quienes son su equipo de trabajo, desde los más altos cargos, hasta las jefaturas de menor rango.

Cuando se maneja un poder de esa naturaleza las tentaciones son muchas, y por ello es necesario no dejar pasar ni el menor atisbo de corrupción, aquella que es clara y flagrante, como la más inocente de influir en las personas para que nominen en cargos públicos a determinados favoritos.

Es importante legislar más claramente para que se prohíba a los parlamentarios, del partido que sea, el utilizar su influencia para calificar a descalificar a los funcionarios públicos, a fin que se nominen a quienes cuentan con su beneplácito. No se trata de impedir que en la legítima tarea legislativa, y en el caso de los diputados, en su función fiscalizadora denuncien a quienes cometen actos de mal gobierno o incumplimiento de sus tareas públicas.

Ha sido costumbre, por décadas, que algunos diputados y senadores, dediquen parte de su tiempo a colocar en los cargos fiscales a quienes han sido, de una manera u otra, parte de sus esfuerzos de campaña. Es como premiar con el dinero de todos los chilenos a quien han servido a un interés político particular.

Hoy existe confianza y pleno apoyo en el sentido que con la llegada de la Presidenta Bachelet al palacio de la Moneda, estas prácticas irán desapareciendo en la medida que se denuncien y sancionen decididamente.

Las investigaciones por desviación de fondos destinados a colaborar con personas en estado de pobreza extrema, es un delito que debe ser severamente castigado.

Lo ocurrido en el sur de la IV y en la V regiones, es un llamado de alerta para hacer investigaciones en otras comunas del país donde pueden haberse efectuado prácticas similares.

Es también una buena señal que el tribunal supremo del Partido Socialista haya decidido tomar cartas en el asunto e investigar el tema que afecta a un grupo específico de sus militantes.

Michelle Bachelet vio gestarse su candidatura de una manera espontánea y ciudadana, a la cual los partidos políticos debieron adherir. Su candidatura fue, incluso, transversal y el manejo de sus primeras semanas de gobierno ha roto esquemas y paradigmas que antes parecían imbatibles, claramente demostrado en los nombramientos de los altos cargos.

La Presidenta sabe que ha recibido un mandato que no se gestó en las cúpulas directivas, y por ello tiene la autoridad moral y la responsabilidad, para que su gestión marque hitos diferentes en la gestión y en el control de los recursos del estado y, de alguna manera, erradique viejas prácticas de la clase política en general.

Los planes sociales.

Los planes sociales
Alejandro Pino Uribe. Periodista / Analista político
http://alejandropinouribe.blogspot.com

Una fuerte polémica se ha desatado por el tema de mantener el 19% del IVA, obviando el compromiso que establecía el 1º de Enero del 2007, como la fecha en que se retornaba al tradicional 18 %.

Pese a los reclamos de la oposición y las reservas de parlamentarios de la concertación, esta semana, finalmente, se aprobó el financiamiento de la ley que reajusta las pensiones mínimas, y asistenciales en un 10 %. En el gobierno del Presidente Aylwin, se reajustaron en un 10,6 %, como muy se lo recordó el senador Carlos Ominami al ministro Velasco de Hacienda, y sin subir ningún impuesto, en un momento económico muy difícil para el país.

Lo que se tiene que tener en cuenta es que la ciudadanía está cada vez más sensible, en cuanto a conocer en qué se gastan los recursos que salen directamente de su bolsillo, como es el caso de un impuesto regresivo como el IVA.

En nuestra columna de la semana pasada señalábamos que un punto de IVA rinde hoy 600 millones de dólares, probablemente el 2007 será mucho más, y que para financiar el reajuste del 10 %, se necesitaran este año 120 millones y el próximo 180 millones, que cuentan con financiamiento si consideramos los 300 millones de libre disponibilidad que , para esos efectos, se dejaron dispuestos en el presupuesto del presente año.

Los 600 millones de dólares debemos comenzar a contarlos, a partir del 2007, que era cuando dejaban de cobrarse en el IVA, por lo cual quedaran libres y a partir del 2008 se necesitaran 180 millones, para este financiamiento específico, sobrando, entonces, mil veinte millones de dólares disponibles para ese año. Los 600 millones que no se ocuparan, supuestamente, el próximo año, más los 420 millones que sobran el 2008.

Es mucho dinero, que solo derivado del IVA, se recauda y cuyo uso futuro debe ser explicado a la ciudadanía. ¿Cuáles son los nuevos planes sociales en que se aplicarán esos recursos que gravan el bolsillo de todos los chilenos por igual?

Es necesaria la transparencia en cuanto a saber que se gastan bien esos dineros, y, por sobre todo, que se controla su uso adecuado, eficiente y oportuno.

Está muy clara en la memoria de los chilenos los escándalos en la IV y V regiones por el mal empleo de dineros del PEG – programa especial de generación de empleo – que han sido utilizados en la última campaña parlamentaria y que en la IV Región tiene procesado a un ex gobernador de Choapa y en la V Región a varios militantes del partido socialista, incluyendo un ex – Seremi de Obras Públicas, al Presidente regional del partido, y a otros militantes que, supuestamente, destinaron los recursos para generar empleo, a pagar activistas “puerta a puerta”.

Dado los ingresos con que cuenta hoy el Estado, debe existir de parte de las autoridades el mayor cuidado en un control estricto de la gestión. El solo hecho de aprobar recursos para programas sociales, no garantiza la eficiencia de su cumplimiento, como tampoco que, finalmente, produzcan el efecto social que se busca.

Cuanto se trata de eliminar los focos de pobreza que tiene nuestro país, los esfuerzos, deben orientarse a la búsqueda de soluciones que conducen hacia una autosustentación, mediante la promoción del empleo, la educación, y mejores oportunidades. Allí es donde debe centrarse la mayor cantidad de dineros.

Especialmente eliminando el exceso de intermediarios, que agregan burocracia, a la solución de los problemas sociales.

Finalmente, muchas veces se subsidia la pobreza con medidas paliativas, que no rompen el círculo de pobres y que representan un desgaste económico fijo y permanente. Ello trae como consecuencia que hay gente, y eso no se puede desconocer, que se transforma en pobres profesionales, que viven de los subsidios económicos y ayudas varias, de todo tipo de instituciones.

Un punto para el IVA.

Alejandro Pino Uribe. Periodista / Analista político
http://alejandropinouribe.blogspot.com

Mientras la Presidenta Michelle Bachelet recorre algunas zonas del país, y escoge paisajes urbanos y rurales para firmar algunos decretos o proyectos de ley, que forman parte de las primeras 36 medidas de su gobierno, los chilenos fueron sorprendidos por la votación en que la Cámara de Diputados, con los votos de la mayoría de la Concertación, aprobó mantener el IVA , debía bajar a contar del primero de enero del 2007 al 18% original, para financiar el reajuste de la pensiones mínimas y asistenciales.

Se necesitan para esos efectos, 180 millones de dólares, para los cuales el gobierno contaba con 300 millones de libre disposición, que dejaron dispuestos en el presupuesto del presente año. El punto del IVA representa una recaudación aproximada de 600 millones de dólares, por lo cual sobran 420 millones. Se ha pedido por parte de la oposición que exista transparencia al momento de establecer en que se emplearan esos recursos.

Pero luego de la votación, de mantener el IVA, faltando a la promesa que se hizo en el Gobierno de Ricardo Lagos, en la Concertación a quedado la sensación que pasaron la aplanadora legislativa, imponiendo una carga tributaria a los chilenos, especialmente clase media y a los más pobres.

Aunque no todos los parlamentarios oficialistas se atreven a confesarlo, hay por lo menos uno que dice: “Fue una batalla comunicacional, no política ni de contenidos de fondo. Para mí es evidente que el IVA es un impuesto regresivo, pero aquí hubo un hambre comunicacional de demostrar un triunfo rápido. Había que sacar un proyecto de ley antes de los 30 días y eso nos llevó a un error estratégico” – Diputado Marco Enríquez Ominami, El Mercurio 7 de abril -.

Cuál fue el error estratégico para el diputado oficialista, no haber tenido en cuenta, y debatido en sala, el tema del financiamiento de los programas sociales y con ello la estructura tributaria. Sacar el financiamiento con un impuesto regresivo, es hacerlo a la carrera según su opinión.

Financiar una ley, que como tal obtuvo la unanimidad de la cámara, resulta fácil cargando tributariamente a la ciudadanía con un impuesto que es regresivo, y que afecta de manera integral a las capas medias y bajas de la sociedad, que destina todos sus recursos al consumo. Son 600 millones de dólares que salen directamente del bolsillo de los chilenos y especialmente de aquellos que no generan capacidad de ahorro, incluyendo a los mismos que la ley pretende beneficiar.

Por otra parte el estado tiene un superávit fiscal bastante contundente. Si tomamos la información proporcionada, el jueves pasado por el Ministro de Hacienda, el presupuesto de la nación se hizo considerando, entre otros ingresos, un precio del cobre de 1 dólar la libra. El promedio es de 2 dólares con 50 centavos, y el precio de la última semana lo dejó sobre 2 dólares 60 centavos.

No es el dinero precisamente el que falta en la caja fiscal, por ello mientras el IVA se mantiene, con cargo al consumo de los chilenos, resulta incongruente, por decir lo menos, que Codelco pague más de 22 millones de pesos de bonificación por desempeño, a cada uno de 14 altos ejecutivos, y más de 15 millones de promedio a otros 220, y 5,5 millones, a otros 350, quedando un resto de jefaturas que recibió 3 millones de pesos cada una.

El año 2005, la cuprera del estado produjo 40 mil toneladas menos que lo presupuestado, ¿eso es buen desempeño?

Se nos dice que los chilenos somos los dueños del cobre, pero aparentemente no los beneficiarios, ya que los excedentes se guardan y también se reparten, generosamente, de manera poco clara, tanto que el propio Ministro del Interior Andrés Zaldívar pidió que Codelco diera explicaciones al respecto.

Un militante un voto. (Publicado en diario El Día de La Serena. 2 abril 2006)

Varios partidos políticos, de gobierno como oposición, se encuentran abocados a preparar sus elecciones de directivas y ello ha traído como consecuencia, reflotar un viejo tema que se refiere a como funciona la democracia interna en las colectividades, que siendo minoritarias en cuanto al numero de adherentes frente a los votantes, manejan los destinos de la república.

La costumbre que data casi de los orígenes de nuestra vida independiente, es un sistema de verdaderos caciques, figuras que se mantienen en el espectro político y partidario por varias décadas, con una renovación de figuras extremadamente lenta.

Los militantes son, muchas veces y con escasas excepciones, figuras decorativas, que a veces pagan cuotas, participan directamente en elecciones internas locales, y no siempre tienen oportunidad de postular a cargos elegidos por votación popular.

Un fenómeno cada vez más preocupante es el escaso interés de los ciudadanos por involucrarse en la política, y la muy baja calificación que esta actividad recibe de lo chilenos en cada encuesta que se hace.

Hoy los partidos políticos tímidamente comienzan a dejar de lado el ofrecer a su militancia la que se denominaba “lista de consenso”. Las nuevas generaciones luchan por democratizar la manera de renovar a su cuerpos directivos, elegidos, la mayoría de las veces, entre un grupo pre definido de delegados o dirigentes.

Si hay algo que puede reencantar a los chilenos, con los partidos de las más diferentes ideologías, es precisamente demostrar a sus militantes o futuros adherentes, que se inscriben en una colectividad para participar activamente en ella, no solo en los actos electorales internos, también en la elaboración de las plataformas programáticas, y de la materialización en actos prácticos de los conceptos ideológicos que sustenta cada partido.

La forma más elemental de participación es votando, especialmente cuando se eligen las directivas nacionales.

Pero algunos partidos políticos le temen a la lucha interna. Es más la tratan de evitar porque, equivocadamente, creen que es un síntoma de división. No hay nada más errado que pensar que tener visiones diferentes, es ir contra la esencia ideológica de los principios que se sustentan.

En un mundo moderno, con una velocidad de cambio que ya no asombra, no se puede seguir sustentando posiciones políticas que tenían validez hasta el siglo pasado. ¿Se puede seguir apegado a conceptos económicos y sociales que se generaron con la revolución industrial a fines del siglo XIX? Es imposible, hoy la política tiene que ponerse a la altura de un mundo globalmente integrado, donde el populismo, la venta de ilusiones o de utopías irrealizables, ya nadie las cree. La renovación y actualización requieren de ideas potentes y acordes con la época que vivimos y sus consecuentes desafíos.

Hoy el ciudadano elector tiene a su disposición la información suficiente como para saber cuando se le promete lo que es irrealizable, y para enterarse del proceder de quienes son sus representantes. La democracia, como un hecho real, es custodiada más celosamente que en el pasado, y los regimenes totalitarios, del signo que sean, han caído en su mayoría estruendosamente.

La política también debe democratizarse, y dejar de lado toda manipulación, se les llama operadores políticos a quienes se dedican a ese oficio. El primer paso, para conseguir una transparencia absoluta y enviar una señal a las nuevas generaciones, es competir y permitir que la militancia se exprese. Creo, que de esta manera, crecerá el interés del ciudadano común por participar en esta actividad, y ello también llevará a evitar que los mismos nombres se repitan en los concejos municipales y en el congreso nacional, período tras período.